Problemas jurídicos de la objeción de
conciencia*
José T. Martín de Agar
El conflicto
entre ley humana y conciencia es antiguo como la historia del hombre; suelen
ponerse como ejemplo los primeros cristianos, Antígona, o Eleazar y los
hermanos llamados Macabeos (2 Mac 6 y 7)[1]. Sin embargo la figura de la objeción de conciencia como
la conocemos hoy es relativamente moderna, en cuanto remite a unas concretas
coordenadas político sociales que permiten trasladar a la sociedad y a los
poderes públicos, planteándolo como problema jurídico, lo que antes era sólo un
drama personal, que en nada parecía afectar a la aplicación inexorable de la
ley[2].
Sólo en una
sociedad en la que el poder político está decididamente limitado por los
derechos de los ciudadanos y es controlado por instancias de poder
independientes, y en la que los gobernantes deben tener de su lado la opinión
pública, deja de ser obvio que la ley deba prevalecer siempre sobre la
conciencia de aquél a quien va dirigida.
En efecto, ha
sido necesaria no sólo la superación del poder absoluto del gobernante sino
también la del absolutismo racionalista de la ley, para admitir que la solución
de los conflictos de conciencia no debían deferirse cómodamente a una instancia
divina, sino que ha de afrontarse también desde las posibilidades del derecho
civil. No es sólo que el jefe no puede mandar todo, sino que tampoco puede
hacerlo una ley aunque represente formalmente la voluntad de la mayoría[3]. Por otra parte tampoco el ejercicio de la autoridad
puede someterse en todo a la conciencia de los individuos.
A esto hay que
añadir el pluralismo religioso que caracteriza nuestra sociedad occidental, con
las consiguientes exigencias de adaptación cultural que tal fenómeno reclama,
como condición de convivencia pacífica. Y la experiencia demuestra también que,
además de un cierto nivel de democracia, también determina la aparición de la
objeción un cierto nivel de bienestar general: es un fenómeno más bien de
países ricos.
Los supuestos de
objeción se han multiplicado recientemente con singular rapidez y variedad, y
todo hace pensar que el proceso se prolongará. Es una galaxia en expansión. Si
la objeción al servicio militar ha señalado en muchos lugares la aparición del
fenómeno, inmediatamente se han sumado a ella otras surgidas en diversos
campos: fiscales, laborales, educativas, médicas, etc., dentro de las cuales se
plantean a su vez cuestiones concretas muy variadas.
Al estudiar estos
conflictos hay que distinguir el plano moral y teológico de la perspectiva
jurídica, que sin embargo no pueden separarse. Ciertamente sus fundamentos
ético religiosos, desde el punto de vista cristiano, remiten a temáticas
clásicas de la teología moral, principalmente las que se refieren al origen
divino del poder, a la obligación en conciencia de las leyes, al deber de
obedecer a Dios antes que a los hombres, a la conciencia; que a su vez plantean
las cuestiones relativas a la ley injusta: cuándo se debe o se puede resistir a ella (lo que ha llevado a algunos autores a
distinguir entre objeciones de conciencia obligatorias y facultativas[4]), cuándo se la debe o se la puede tolerar en vista de un
bien mayor, etc.
Desde el punto di
vista jurídico, la objeción de conciencia se presenta como un fenómeno de
conflicto de intereses protegibles, que requiere una solución justa dentro de
las coordenadas socio políticas que hemos descrito. Las breves consideraciones
que siguen, se proponen apuntar la multiplicidad de problemas que plantea al
jurista la objeción de conciencia. Lógicamente la bibliografía sobre el tema se
ha multiplicado en nuestros días, caracterizada por un método que combina el
análisis de las soluciones prudenciales de los casos concretos con
consideraciones teóricas de los autores (personales más que de escuela),
tratando de establecer los principios, claves y criterios generales del
problema.
En efecto, como
cuestión de justicia, la objeción de conciencia presenta, hoy por hoy, una
plasticidad dinámica que se resiste a ser encuadrada de modo unitario, tanto en
síntesis sistemático deductivas de teoría general, cuanto en las previsiones
abstractas de una norma general y, por tanto, resuelta desde instancias
legislativas. En nuestro caso teoría y ley vienen siempre después del problema
real, y aun así no pocas veces han sido desbordadas por la evolución del
fenómeno. Bien pronto, por ejemplo, la doctrina se ha mostrado de acuerdo en la
imposibilidad de “tratar” los diversos supuestos de objeción de conciencia
según los esquemas de la objeción militar[5].
Se hace por tanto
arduo definir, desde el punto de vista teórico, la objeción de conciencia; de
hecho no pocos autores prefieren hablar en plural de objeciones de conciencia,
no sólo para señalar esa dificultad, sino también para recalcar que es más
conveniente abordar tan variado fenómeno con los recursos de la jurisprudencia
que con los de la ley, que casi siempre resultan insuficientes[6].
Las dificultades
para definir, no ya dar una noción conceptual, sino delimitar con precisión el
fenómeno, no impiden que podamos con cierta aproximación distinguir un supuesto
de objeción de conciencia de otras figuras afines; al igual que la dificultad
para definir perfectamente qué sea conflicto de conciencia no impide que podamos detectar cuándo estamos ante uno de
éllos.
Por objeción de
conciencia puede entenderse la resistencia personal a una prescripción jurídica
por ser contraria a una prescripción moral que se considera prevalente. Se
trata de un conflicto subjetivo irreductible entre deber jurídico y deber
moral, “la negativa, por motivos de conciencia, a realizar un acto o conducta
que en principio resultaría jurídicamente exigible”[7].
Por tanto,
independientemente de los problemas prácticos, parece que la motivación que
lleve a transgredir la obligación jurídica debe ser un juicio de carácter ético
(de conciencia, axiológico[8]), esté o no basado en una creencia religiosa[9]. Si las razones que llevan a la desobediencia son
simplemente ideológicas o políticas, el conflicto es artificial y no puede
decirse que sea de conciencia.
El problema es
que la conciencia humana, aun poseyendo una luz natural incancelable, puede
estar informada por códigos morales muy variados (religiosos, filosóficos,
culturales) que el derecho carece de recursos para captar de modo preciso. De
aquí que a veces se tienda a admitir también como objeción de conciencia el
rechazo de la norma por razones no específicamente morales[10].
Pero en línea de
principio hay un cierto acuerdo en que la prescripción debe ser objetada en
cuanto inmoral, es decir en cuanto exige una conducta que el sujeto considera
inmoral, en sí misma (directa) o como cooperación ilícita a la conducta inmoral
de otros (indirecta)[11]. Se hace pues necesario distinguir entre prescripción
injusta y prescripción inmoral. Una norma puede parecerme injusta y sin embargo
no imponerme ninguna conducta éticamente reprobable, en este caso lógicamente
no puedo apelar a mi conciencia para dejar de cumplirla. La objeción de
conciencia “se refiere ciertamente al valor prioritario de la persona respecto
al Estado, pero en definitiva se funda en la posible negatividad moral de la
ley civil”[12].
Con estas
premisas, aunque no siempre sea adecuada, algunos autores tratan de distinguir
la objeción de conciencia de la desobediencia civil o resistencia pasiva[13]. Esta consiste en la insumisión pacífica y colectiva a
determinadas leyes, con el fin de presionar al poder para hacerle cambiar una
política o una legislación que quizá no tienen nada que ver con las leyes
desobedecidas. Los motivos son primariamente políticos y la conciencia no está
primariamente implicada en este tipo de resistencia.
La objeción de
conciencia, en cambio, es en rigor un conflicto personal, como lo es la conciencia; pero no puede negarse el
influjo que tiene de hecho el número de objetores a una misma obligación. De
otra parte, aunque el objetor se proponga primariamente evitar la transgresión
de un deber moral, en algunas ocasiones su resistencia se dirige también a que
sea abrogada la ley que objeta. Así quien considera que no le es lícito cumplir
el servicio militar, no siempre se conforma con ser personalmente eximido, sino
que fácilmente tiende a adoptar una actitud política contraria a la existencia
de dicho servicio obligatorio e incluso a la existencia de un ejército.
Desde la óptica
del derecho cabe distinguir los problemas que la objeción plantea a nivel de
principios (justificación, admisibilidad, límites), de las soluciones o
recursos técnicos que pueden servir para abordar, en la práctica, las diversas
objeciones.
Con mucha
frecuencia las libertades de pensamiento, religión y conciencia vienen
enunciadas conjuntamente en las Constituciones y documentos internacionales de
derechos y ni siquiera con una terminología uniforme: se habla indistintamente
de libertad de religión, culto o conciencia, convicciones o creencias,
pensamiento o ideología. Es comprensible si se tiene en cuenta que todas
convergen al fin práctico que se pretende: tutelar aquellas dimensiones más
íntimas y definitorias del hombre como persona, su autodeterminación como ser
racional y libre frente a las cuestiones más profundas y vitales.
De otra parte, la
misma diversidad de términos indica que existe una cierta distinción entre los
ámbitos de libertad a que cada uno de esos conceptos se refiere. Algunos
autores distinguen las libertades de pensamiento, conciencia y religión en
cuanto por su objeto específico se refieren respectivamente a las actitudes del
hombre frente a la verdad, el bien y Dios[15].
La distinción no
es académica, pues esas instancias de la persona tienen muchas veces
manifestaciones vitales peculiares que exigen una tutela jurídica específica.
Baste pensar en la dimensión comunitaria de la religión, con la consiguiente
libertad y autonomía que se debe garantizar también a las confesiones
religiosas.
Porque al derecho
le interesan aquellas manifestaciones sociales del ejercicio de la libertad que
implican exigencias de justicia; concretamente al derecho del Estado le
interesan aquéllas manifestaciones que dan origen a relaciones jurídicas
civiles[16]. Así, por ejemplo, mientras difícilmente le puede
interesar el modo como en la Iglesia católica se vive el sacramento de la
confirmación, seguramente no ocurre lo mismo respecto al matrimonio.
Hay
manifestaciones del pensamiento o de la religión que dan lugar a derechos
relativamente bien tipificados, tales como la libertad de enseñanza, de
cátedra, de prensa o de propaganda: estos aspectos eminentemente comunicativos sólo en casos extremos plantean conflictos en un Estado
democrático. Pero es que además, las convicciones filosóficas o religiosas
informan la conciencia del individuo, le proporcionan los parámetros según los
cuales su conciencia juzga sobre la bondad o malicia moral de cada una de sus
actuaciones, de las cuales se sabe responsable, ya ante Dios, ya ante sí mismo
y ante los demás. La libertad implica responsabilidad.
Pues bien, la
peculiaridad singular de la libertad de conciencia está precisamente en su dimensión práctica y universal.
La conciencia pone al hombre en relación no ya con la verdad o el bien en
cuanto conocidos, sino con la verdad o el bien que exigen de él, como deber
ético, una conducta determinada.
Aunque algunos
los confunden, la conciencia no se identifica con preferencias, gustos o
deseos; a veces es contraria a ellos y sin embargo exige obediencia; todos
sentimos el impulso a obrar conforme a ella y el reproche de no haberlo hecho
así, de ahí el respeto que merece también de parte de los demás, como expresión
de lo más íntimo de la persona. Esta sensibilidad de nuestra época por la
conciencia como norma de conducta personal explica el fenómeno de la objeción
de conciencia y su distinción de otras conductas simplemente rebeldes o
insolidarias.
Precisamente
porque la conciencia es individual, la libertad de conciencia es también, en principio,
un derecho de la persona singular, que no implica de por sí manifestaciones
colectivas o de grupo, aunque con frecuencia esté relacionada con las doctrinas
de alguna confesión o corriente de pensamiento[17].
El problema que
se pone al derecho es, pues, hasta qué punto la libertad de creencias o de
convicciones conlleva la facultad del individuo de actuar conforme a ellas
cuando le imponen el deber moral ineludible de hacerlo, aún en contra de una
prescripción jurídica.
La doctrina de la
Iglesia sobre la libertad religiosa incluye como núcleo central de este derecho civil que
todos “sean inmunes de coacción por parte de individuos, de grupos sociales o
de cualquier poder humano, de manera que en materia religiosa nadie sea forzado
a obrar contra su conciencia ni sea impedido de obrar conforme a ella, pública
o privadamente, solo o asociado con otros, dentro de los debidos límites” (DH
2).
Por lo que toca
más específicamente a la conciencia, la Iglesia “honra como sacra” su dignidad “y su libre
decisión” (GS 41b). Precisamente “en lo profundo de la conciencia el hombre
descubre una ley que él no se da a sí mismo pero que debe obedecer, y cuya voz
lo llama siempre a amar y hacer el bien y a huir del mal” (GS 16); “el hombre
percibe y reconoce los mandatos de la ley divina a través de la conciencia, que
debe seguir fielmente en toda su actividad para llegar a Dios, su fin. Por
tanto, no se le debe coaccionar a obrar contra su conciencia; y tampoco se le
debe impedir que obre según ella, sobre todo en materia religiosa”, dentro de
los límites del justo orden público (DH 3). Porque solamente libres de coacción
pueden los hombres cumplir, de manera adecuada a su naturaleza, el deber moral
que tienen ante Dios, de buscar la verdad y de vivirla (DH 2).
Respecto a la objeción de
conciencia el último Concilio considera equo “que
las leyes provean con humanidad en favor de quienes, por motivos de conciencia,
rehusan el uso de las armas, mientras que en cambio aceptan otra forma de
servir a la comunidad humana” (GS 79c). Otros documentos posteriores recuerdan
el deber moral grave de oponer objeción de conciencia al aborto[18].
En este contexto
amplio de los enunciados magisteriales, vemos que la libertad religiosa, más
allá de la mera libertad de culto, se resuelve en buena medida en la
posibilidad de adecuar la propia conducta a los postulados de la conciencia
personal, sobre todo religiosa.
Sea por tener una
matriz filosófica diferente, sea por su finalidad práctica, las constituciones
y documentos políticos de derechos suelen limitarse a garantizar las libertades
y algunas de sus manifestaciones concretas; pero raramente contienen una
explícita y general inmunidad de coacción en el sentido de que nadie será
forzado a obrar contra conciencia y,
mucho menos, que podrá actuar conforme a ella[19]. Más bien algunos incluyen la advertencia general y de
principio que la libertad religiosa no exime del acatamiento de las leyes[20]; lo cual no quita para que, en algunos de esos mismos
países, se haya reconocido la objeción de conciencia militar, incluso en la
misma constitución[21].
Efectivamente,
desde un punto de vista estrictamente jurídico la objeción de conciencia es un
problema de límites, de colisión de intereses y derechos. Entran en juego de
una parte los ámbitos de libertad personales de pensamiento y religión, de los
que la libertad de conciencia es manifestación práctica; de otra los principios
de obediencia a las leyes, de igualdad, de solidaridad, de orden público.
Sin embargo la
objeción de conciencia no puede plantearse simplemente como contraposición
entre interés público e interés privado, ya que también forma parte principal
del bien común el disfrute personal y colectivo de los derechos y libertades,
que los poderes públicos deben tutelar y promover. En este sentido la objeción
de conciencia más bien debe ser vista como una ulterior exigencia de coherencia
y finura para un ordenamiento jurídico basado en el respeto de los derechos
humanos[22].
El problema de lo
que Navarro-Valls llama la “cobertura jurídica” de la objeción de conciencia,
ha sido afrontado por algunos autores tratando de construir una teoría general
en torno a un ciertoderecho a la objeción de
conciencia[23]. El intento, con ser meritorio, adolece de las
limitaciones propias de su misma abstracción y corre el riesgo de desvincular,
quizá excesivamente, el fenómeno objeción de las libertades que lo originan,
reduciendo su alcance a aquellos supuestos que hayan encontrado amparo en una
norma positiva[24].
A mi entender,
las objeciones de conciencia, en cuanto fenómenos derivados de las libertades
de pensamiento, conciencia y religión, se ponen como problema jurídico en todo
ordenamiento que pretenda respetar esos ámbitos de autonomía dentro de unos
límites razonables y justos; precisamente de eso se trata: de delimitar la
fuerza expansiva de estos derechos humanos de modo flexible y adecuado a las
exigencias del sistema.
Habrá derecho a la objeción allí donde, como respuesta al conflicto
planteado, el legislador lo haya reconocido y tipificado[25]; pero quien objeta en un Estado democrático, esgrime ya
un derecho; no apela solamente a su conciencia, sino además al derecho
fundamental que la tutela; opone a una prescripción que se presume legítima,
pero que él considera inmoral obedecer, su igualmente legítima libertad de
conciencia. No siempre deberá prevalecer su libertad, pero tampoco se le podrá
decir que su cuestión es irrelevante porque no está prevista en una ley.
En las libertades
de pensamiento, religión y conciencia están ya potencialmente planteadas todas
las posibles objeciones[26], llamadas a delinear la frontera del espacio de autonomía
personal y de incompetencia del Estado en que consisten primariamente tales
libertades. Una frontera sinuosa y cambiante, difícil de establecer de modo
definitivo desde postulados teóricos (ciertamente útiles a su nivel propio), o
sobre la rígida base de la ley, y que más bien conviene a la jurisprudencia.
La cuestión, como
añade el autor citado, requiere “no tanto encuadrar la objeción de conciencia
en principios abstractos cuanto residenciarla en su hábitat natural que es el
de la prudencia jurídica. Es decir, la cuestión no es tanto admitir o no
admitir un teórico derecho general a la objeción de conciencia, cuanto precisar
sus límites. Tarea de precisión que no siempre el legislativo podrá encontrarse
en condiciones de hacer, ni muchas veces deberá hacer, precisamente por esa faz
inédita y cambiante que muestra el ejercicio del derecho de libertad religiosa
e ideológica. Al contrario de lo que ocurre con la jurisprudencia”[27].
Acercándose más a
la realidad fáctica, algunos autores han puesto de relieve que las objeciones
de conciencia son generalmente de carácter negativo, en el sentido de que la
desobediencia que comportan consiste normalmente en la omisión pasiva de un deber jurídico, lo cual suele ser socialmente menos
peligroso que la acción, de aquí que puedan ser acogidas con mayor facilidad.
De hecho en alguno de los intentos de definir la objeción de conciencia, este
carácter omisivo aparece como rasgo típico[28].
En efecto, son
los imperativos legales que imponen un hacer, los que con mayor facilidad pueden chocar
irreductiblemente con la conciencia de alguien; porque existe una cierta
diferencia entre verse obligado, aunque sea una vez, a hacer algo que se
considera inmoral y no poder hacer siempre todo lo que se considera un deber.
De hecho, como hemos apuntado, los derechos de libertad consisten primariamente
en una inmunidad de coacción, algo en principio negativo. Para el derecho no es
lo mismo no coaccionar que no coartar o limitar; garantizar que nadie será obligado a actuar contra su conciencia que asegurar que todos y en todo caso
podrán obrar según lo que su
conciencia les dicte[29].
Desde luego, a
veces puede ser complicado distinguir cuándo la norma civil está imponiendo una
conducta inmoral y cuándo está solamente restringiendo la posibilidad de
cumplir, hic et nunc, un deber de
conciencia; porque no siempre la formulación de las normas que colisionan
bastará para indicar si estamos ante uno u otro caso. Además existen deberes
morales positivos, las más veces derivados de leyes rituales o de observancia religiosa;
baste pensar que el precepto del descanso dominical o sabático, comporta
también el deber de participar en actos de culto; o en los preceptos religiosos
que exigen peregrinaciones, determinada indumentaria (turbante, hábito,
chador), o ciertas prestaciones personales o económicas.
No obstante, es
de experiencia que las prescripciones taxativas de los códigos morales
religiosos son mayoritariamente prohibiciones: mantenerse dentro de la norma
significa primariamente un no hacer, aunque su perfecto cumplimiento implique también hacer
algo. Los preceptos positivos, por su lado, suelen exigir más que nada
determinadas actitudes (adorar, amar, perdonar, orar) cuya manifestación
externa no suele ser tan determinada y taxativa, que impida hacer compatible su
cuplimiento con la observancia de las normas civiles, al menos en bastantes
casos[30].
Por otra parte,
en no pocos casos, la obligación objetada no se presenta con carácter
absolutamente ineludible, sino más bien como requisito para poder disfrutar de
ciertos beneficios; de manera que al objetor se le presenta la alternativa de
acatarla o soportar las consecuencias de su negativa, lo que supone sólo un
gravamen indirecto o relativo al ejercicio de su libertad[31].
En el fondo de
estas distinciones de las objeciones en omisivas y activas, absolutas o
relativas, en orden a su admisibilidad, encontramos de nuevo la idea de
equilibrio, que exige valorar las consecuencias personales y sociales de lo
que, en todo caso, constituye una desobediencia. En este contexto también hay
que distinguir entre aquellas objeciones que rayan en lo penal (activas u
omisivas): consumo de drogas, omisión de asistencia médica a menores, etc., y
aquéllas que contravienen preceptos de otro orden.
En definitiva, a
la hora de afrontar una determinada objeción de conciencia, hay que sopesar de
una parte la carga que supone para el objetor verse coaccionado o coartado en
su libertad, y de otra, las repercusiones que para otros o para el conjunto
puede tener la exención que pretende gozar[32].
En este sentido
hay objeciones que pueden ser acogidas con más facilidad que otras, por sus
escasas repercusiones en los demás. Por ejemplo la objeción al juramento ha
sido resuelta, se puede decir definitivamente, en muchos países, ofreciendo
fórmulas alternativas para asumir un compromiso solemne, que no contengan
referencias religiosas, aunque vinculen a mantener lo prometido con la misma fuerza
y bajo las mismas sanciones que el juramento[33]. La objeción de conciencia ha sido resuelta en lo que se
ha llamado una opción de conciencia[34].
Otra que se
admite generalmente, al menos de hecho, es la objeción a las prácticas
abortivas, no ya por sus escasas repercusiones sociales, sino ante todo por las
profundas y claras razones éticas que asisten al objetor; el cual, como se
observa, en este caso más que contravenir una prescripción o lesionar un
derecho ajeno, en realidad actúa en el sentido de la ley que prohibe el
homicidio y del derecho a la vida, considerando que la despenalización legal de
algunos supuestos de aborto no puede cancelar, suspender o derogar el ‘no matarás’,
o justificar su transgresión. Sin duda, cualquiera entiende que nadie puede ser
obligado a matar a otro, ni siquiera a ejecutar a un delincuente convicto,
cuánto menos a un inocente; por esto el aborto es un típico ejemplo de objeción
de conciencia debida: “los médicos y enfermeros están obligados a oponer objeción de
conciencia” a cualquier cooperación próxima
en la acción directamente abortiva[35].
El problema en
este caso se encuentra en delimitar la extensión de la objeciones de conciencia
indirectas o de cooperación más o menos remota a las prácticas abortivas, que
puede implicar actividades muy variadas: autorizaciones legales (emblemática es
la negativa del Rey Balduino a sancionar la ley del aborto)[36], limpieza o preparación de quirófanos, prescripción y
venta de sustancias abortivas[37]. Por otra parte existe el riesgo de que los objetores se
vean de hecho discriminados profesionalmente a causa de su opción.
En principio la
objeción debe estar fundada en motivaciones sinceras de conciencia. Pero el
derecho no posee siempre los instrumentos técnicos necesarios para apurar sea
el carácter ético del conflicto, sea la sinceridad de quien dice hallarse en
él. De hecho la objeción se admite en un primer momento como objeción
religiosa, también porque es relativamente simple establecer la
incompatibilidad objetiva entre las normas de una confesión y una prescripción
civil, así como la pertenencia del sujeto a dicha confesión[38]. Por lo demás hay objeciones que permanecen ligadas a una
concreta religión, como la de los días de reposo, la de usar determinadas prendas
o las de no comer ciertos alimentos.
Pero en otros
casos, como el de la objeción militar, la atención a la conciencia individual y
el respeto de la igualdad, han hecho que se admitan motivaciones subjetivas de
muy diverso tipo (pacifistas, antinucleares, antimilitares), que muchas veces,
más que un verdadero conflicto de conciencia, reflejan simplemente un rechazo
ideológico del servicio armado o simplemente de la disciplina militar.
En Norteamérica
esta extensión se ha realizado mediante una interpretación amplia de lo que
puede entenderse por convicciones religiosas; mientras que las leyes de algunos
países europeos, han resuelto esta objeción en lo que se ha llamado una “opción
de conveniencia” entre el servicio militar y el servicio civil sustitutorio[39].
Para no pocos
autores el objetor demuestra la sinceridad de su conflicto en la medida que
esté dispuesto a soportar las consecuencias negativas que conlleva: las
sanciones a que dé lugar su insumisión o el cumplimiento de una obligación
sustitutiva al menos equivalente a la rechazada. Esta ‘paciencia’ del objetor
sería, de un lado, un constitutivo teórico de la noción misma de objeción de
conciencia[40]; de otro, ofrece la posibilidad técnica de resolver en la
práctica el problema de la prueba de sinceridad, evitando vías inquisitivas de
dudosa legitimidad y eficacia en cuanto afectan a la intimidad de la persona[41].
En los E.U.A. la
objeción de conciencia sigue teniendo un marcado carácter religioso en
comparación con los sistemas europeos; en las controversias suele ser decisivo
el hecho de que sea notorio que un grupo religioso rechaza determinadas
prescripciones, así como que el objetor pertenece a dicho grupo[42]. Sobre estas bases los tribunales han admitido muy
variadas objeciones, algunas apenas conocidas en este lado del Atlántico; como
a las fotografías o a los códigos numéricos en los documentos de identificación
(carnet de conducir o de identidad, cartilla de la Seguridad social); a la
escolarización obligatoria o al pago de ciertas cuotas sociales o de
sindicatos.
Ya hemos dicho
que la objeción de conciencia es de por sí un problema de límites, de
“equilibrada composición entre libertad y autoridad, entre intereses del
individuo e intereses de la colectividad, entre reglas dejadas a la
responsabilidad de cada cual y reglas impuestas a la observancia de todos”[43]. Cabe, pues, preguntarse ¿hasta dónde puede admitirse la
objeción de conciencia? A nivel teórico aparece claro que no se puede atribuir
a la conciencia personal el papel de árbitro último y definitivo de la vigencia
de las leyes, pues eso equivale a consagrar la anarquía individualista. La
objeción de conciencia no puede convertirse en tiranía de la conciencia.
En sustancia, los
límites de la objeción son los mismos de las libertades en las que tiene su
origen y de las que es manifestación: aquéllos que se pueden considerar
incluidos en la noción de orden público (los principios de autoridad y de solidaridad, de
libertad e igualdad, la paz y el orden, los derechos y libertades de los demás,
la salud y la moral públicas, la seguridad). Al orden público se remiten, de un
modo u otro, los documentos sobre derechos humanos para advertir que éstos no
son ilimitados[44].
Ahora bien, el
orden público es un concepto jurídico indeterminado, que condiciona el
ejercicio del derecho (y el ejercicio del poder) a aquellas exigencias de la
vida social que en cada momento se consideran irrenunciables; no es posible
establecer su alcance a priori y con precisión. Son los jueces quienes, en cada
caso o tipo de casos, lo determinan confrontando las leyes y principios,
especialmente los de rango constitucional, con la realidad social.
En esta labor
debe sopesarse el impacto de la exención de la ley que reclama el objetor (o el
grupo de objetores) para la vida de la comunidad en su conjunto o en
determinados aspectos (funcionamiento de instituciones y servicios; costos para
el erario o para la economía general; peligros o cargas para terceros, etc.).
Por otra parte no sería justa la simple solución de hacer prevalecer siempre el
interés de la mayoría.
La necesidad de
encontrar un equilibrio practicable entre los diversos intereses encontrados a
nivel de principios y derechos fundamentales, lleva a la búsqueda de soluciones
a nivel técnico desde las perspectivas complementarias de la ley y de la
jurisprudencia.
Un sistema de
equilibrio basado en las decisiones, relativamente vinculantes, de casos
precedentes, como el norteamericano, es más rico en soluciones de tipo
judicial, que lo hacen más flexible y abierto a nuevos supuestos de objeción,
aunque no tan homogéneo o previsible. De modo general, en los E.U.A. los
tribunales aplican a estos conflictos de intereses el llamado balancing test, según el cual, ante una restricción real y efectiva de la
libertad religiosa, debe demostrarse un interés ineludible y prevalente (compelling state
interest) que la justifique. “En otras palabras:
se hace una valoración comparativa del daño que sufriría el interés buscado por
la norma si se concede la exención, con respecto al daño que sufre el derecho
de libertad religiosa cuando se impone compulsivamente una conducta a la
persona, o cuando la persona es discriminada al ser privada de un beneficio por
razón de su objeción de conciencia contra un comportamiento. Si el interés
concreto intentado por la norma positiva se considera prevalente -compelling,
overriding-, se deniega la solicitud del
objetor, considerando, en el fondo, que no existe discriminación religiosa,
sino simplemente limitabilidad del ejercicio personal de la libertad de
religión por causa de un interés legislativo superior”[45].
Diferentemente,
los ordenamientos de tipo codicial tratan de reconducir al cauce de la norma
general los conflictos de conciencia, lo cual supone mayor inercia y lentitud
de respuesta. Una objeción de conciencia consolidada y de cierta tradición como
es la militar, ha encontrado preferentemente su cauce en las leyes de
reclutamiento, aunque no deje de presentar problemas la apreciación de si se
dan en cada caso las condiciones para poder gozar del estatuto de objetor.
Pero no se debe
olvidar que también en estos sistemas juegan un papel importante los tribunales
constitucionales, y que a nivel internacional, la protección práctica de los
derechos humanos (y por tanto de la libertad de conciencia) discurre a través
de las decisiones de las comisiones y tribunales, establecidos para vigilar la
aplicación que de los Pactos realizan los Estados miembros. Lo cual acerca en
cierta medida los sistemas de uno y otro lado del Atlántico.
En todo caso es
un hecho que en el estudio técnico de las objeciones de conciencia, la doctrina
presta una particular atención a la jurisprudencia entendida en el sentido
amplio de resolución autorizada de casos particulares.
Lógicamente
admitir una objeción conlleva siempre un costo; lo que hay que ver es si es
razonable en un Estado democrático y en qué medida los mismos objetores deban
contribuir a soportarlo.
En principio
actuar en conciencia no tiene por qué dar motivo a penalizaciones o
discriminación; pero cuando esa actuación interfiere con un interés general o
particular demostrado, es lógico que a la mayor carga que eventualmente deban
soportar los demás corresponda también una carga razonable para quien objeta.
Para resolver
algunas objeciones, se ha recurrido a veces a sustituir la obligación rechazada
por otra equivalente, que sea aceptable para el objetor. La prestación
alternativa tiene como razón de ser principal
restablecer la justicia de modo que no se creen desigualdades inicuas y se
reduzca el coste de la objeción[46]. Puede tener también la finalidad de disuadir a falsos
objetores, que busquen ventajas aparte de la de salvar su conciencia.
Caso típico es el
del servicio civil sustitutivo del militar. Ya hemos dicho que algún país se ha
convertido en una alternativa opcional. En todo caso el servicio civil va
perdiendo, casi siempre, sus connotaciones penalizantes[47]; no siempre la mayor duración puede considerarse tal, si
se tienen en cuenta otras circunstancias que hacen más duro el servicio armado
(disciplina, destinos lejanos, peligrosidad, etc.) y la necesidad de establecer
un cierto control de la sinceridad del objetor[48].
También las
objeciones fiscales son susceptibles de prestación sustitutoria. Quien
considera ilícito contribuir (siquiera indirectamente) a determinados fines, no
por ello debe obtener una disminución cuantitativa de su contribución global a
los gastos comunes.
En los E.U.A. se
ha planteado, en diversos modos, la objeción fiscal a los gastos militares,
especialmente desde la guerra del Vietnam. Varias confesiones y grupos
pacifistas sostienen esta postura. Los tax resistors, pretenden aportar a otros fines generales las cantidades
que sustraen a los gastos bélicos; existe incluso un proyecto de ley (The World Peace
Tax Fund Act) encaminado a hacer posible la
creación de un Fondo de Impuestos para la Paz (Peace Tax Fund); sin embargo ni los tribunales ni el Congreso han admitido
por ahora esa alternativa. Se considera que las leyes de impuestos no se
proponen limitar el libre ejercicio de la religión; que en este tema debe
primar el interés general del funcionamiento de las instituciones y la libertad
de los poderes públicos de determinar los ingresos y gastos, que se verían
lesionados si muchos ciudadanos decidieran objetar. La misma suerte corre la
objeción fiscal contra el aborto y otras prácticas contraceptivas: la respuesta
es que no hay atentado directo contra la libertad religiosa y existe un interés
estatal prevalente[49].
Ciertamente al
tratarse de una objeción indirecta, que no pone en duda la moralidad de los
impuestos sino el uso o destino que se les da, se hace más difícil discernir si
existe un verdadero conflicto de conciencia o más bien un rechazo simplemente
político. Pero ello no autoriza a eludir de plano y a priori cualquier objeción
indirecta, como si las consecuencias de un acto no influyeran en su moralidad;
por eso no parece acertada la afirmación tajante de la Comisión Europea de
Derechos Humanos de que “la obligación de pagar impuestos es obligación de
orden general que no tiene ninguna incidencia precisa en el plano de la
conciencia”[50]. De hecho otras objeciones indirectas han sido admitidas.
Antes de descartar a priori que pueda darse un conflicto real, se trata, a mi
parecer, de ver si, a través por ejemplo de una prestación alternativa, se
pueden salvar los intereses en juego.
Efectivamente, en
tema de objeción a las cuotas de la Seguridad Social (que en USA son impuestos)
se ha estimado que los trabajadores autónomos pueden ser exentos de ellas, si
pertenecen a una confesión, como la Old Order Amish, que considera que debe ser la comunidad quien cuide de
sus ancianos y necesitados (cf. I Tim 5, 8); esta exención ha sido sin embrago
denegada a los trabajadores por cuenta ajena. También en Holanda una ley (la Old Age
Pension Act) admite la objeción de conciencia
a las cuotas de pensiones sustituyéndola por un impuesto equivalente[51].
La negativa al
pago de cuotas sindicales por motivos de conciencia[52] ha obtenido también cobertura en los Estados Unidos,
primero judicial y desde 1980 también legal, si se trata de miembros o
adherentes a confesiones que desde siempre han sido contrarias a esas cuotas y
el trabajador paga esas mismas cantidades a una entidad benéfica, no
confesional ni laboral, elegida de común acuerdo. Se entiende que de esta forma
los intereses en juego quedan equilibrados.
En las objeciones
de conciencia de tipo laboral el derecho americano pone en juego dos conceptos
que sirven para tratar de equilibrar los intereses en conflicto: “adaptación
razonable” (reasonable accommodation) y “gravamen excesivo” (undue hardship). El patrón debe tratar de acomodar la organización del
trabajo a las exigencias religiosas del trabajador, proponiéndole en caso de
conflicto alternativas aceptables, mientras ello no le cause un gravamen
excesivo. El problema es cuáles sean los límites de tales conceptos: algo que ha
de resolverse caso por caso.
Caso típico es el
de los sabbatarians (judíos y otras
confesiones que consideran prohibido el trabajo en sábado). En principio la
empresa no puede discriminarlos, ni a la hora de seleccionar los candidatos a
un puesto, ni una vez contratados, y debe tratar de organizar los turnos de
forma que no se vean obligados habitualmente a trabajar en sábado; pero no está
obligada a soportar disfunciones o costes excesivos, ni a privilegiar al
objetor en perjuicio de otros trabajadores.
Así en el caso
del empleado de una compañía de gas que fue despedido por negarse a trabajar un
sábado que hubo una emergencia, el tribunal entendió que la compañía obró
correctamente, en cuanto había respetado hasta ese momento las creencias del
trabajador y sólo pretendió su colaboración para asegurar un servicio público[53].
En cambio en el
caso Minkus v. Metropolitan Sanitary District (Chicago), la decisión es contraria. El distrito
sanitario había convocado un concurso, en sábado, para ciertas plazas de
administrativo. El aspirante H. Minkus (judío ortodoxo) pidió para él un cambio
de día, pero fue desoído. En el proceso, el Distrito alegó que la ley exige que
esos exámenes sean “públicos y competitivos”, lo cual requiere simultaneidad;
acceder a la petición del demandante supondría un “gravamen excesivo”, porque
se habrían producido reclamaciones de otros concursantes a más del coste que
supone un examen aparte. El tribunal niega que la imparcialidad de un concurso
exija simultaneidad: los exámenes orales nunca son simultáneos y otros
organismos se adaptan a las objeciones religiosas de los concursantes[54].
La búsqueda de
una alternativa para salvar la conciencia del objetor, exige que tanto la
empresa como el trabajador estén dispuestos a soportar un coste razonable,
aunque ese coste no debe esconder una discriminación penalizante del empleado
por sus creencias. El caso Bhatia v. Chevron U.S.A. Inc. representa un ejemplo.
M. S. Bhatia, de
religión sigh, trabaja en la Chevron en un reparto donde deben manipularse
gases y sustancias tóxicas. En 1982 la empresa, en cumplimiento de la normativa
sobre seguridad, exige que en ese reparto los trabajadores usen la máscara
hermética, cuyo funcionamiento requiere que el usuario esté perfectamente
afeitado. Bhatia informa a la empresa que su religión le prohibe cortarse la
barba y por tanto no puede cumplir la norma de seguridad. La compañía le dice
que no encuentra para él un puesto con las mismas condiciones de sueldo en el
que no deba usar la mascarilla; le ofrece tres posibilidades como
administrativo pero el empleado las rechaza. En consecuencia la empresa le
ofrece un puesto de mantenimiento, en el que no debe usarse la máscara, pero
con un 17% menos de sueldo, prometiéndole reintegrarlo en su primer puesto
cuando se desarrollen máscaras que puedan usarse con barba. Bhatia termina
aceptando pero demanda a la empresa. Los tribunales estiman que la empresa ha
buscado soluciones adecuadas y que no podía dejar en su puesto al empleado
incumpliendo las normas de seguridad, o haciendo que los demás trabajadores del
reparto asuman el riesgo que el demandante evita, al no poder realizar sin la
máscara ciertas operaciones[55].
En algunos casos
la cuestión de conciencia se ha resuelto trasformándola en lo que se ha llamado
conflicto impropio o falso
conflicto, cuando, por así decir, se puentea la conciencia del objetor, sin por
eso renunciar a que la ley se cumpla en él aunque no por él. Es el caso de algunos objetores fiscales (cuáqueros)
de los E.U.A. que se negaban al pago voluntario de impuestos, pero no se oponían al consiguiente embargo
forzoso por parte de la autoridad[56]. También en USA algunas veces el juez ha autorizado
transfusiones de sangre a testigos de Jehová sin su consentimiento,
argumentando (entre otras razones) que los pacientes salvan su conciencia
limitándose a soportar lo que desde su punto de vista es una violencia externa[57].
Un último
problema lo plantean, a veces, aquellas opciones de principio adoptadas por el
poder, que al presentarse como neutrales pretenden una irrenunciable prevalencia,
más o menos absoluta, ante los conflictos de conciencia de los ciudadanos.
Es el caso, por
ejemplo, de la ley danesa de 1970 que impone la educación sexual obligatoria de
los niños en las escuelas públicas. Tres matrimonios alegaron que esa enseñanza
era contraria a sus convicciones y pidieron la exención para sus hijos, por los
mismos motivos que puede pedirse para las clases de religión. Ésta les fue
denegada por las autoridades estatales y el caso llegó al Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, que falló en contra de los padres aduciendo que el Estado
puede establecer los planes de estudio sobre materias relacionadas con las
convicciones, como la educación sexual, por motivos de interés público, con tal
que la enseñanza se imparta de manera “objetiva, crítica y pluralista”, no
doctrinaria sino dirigida a la simple transmisión de información y
conocimientos. En estas condiciones no pueden ser obstáculo las convicciones
morales de los padres, los cuales son libres de enviarlos a una escuela privada
o de educarlos en casa; en cambio la enseñanza religiosa comporta siempre un
indoctrinamiento y por eso es dispensable[58].
Recientemente se
ha planteado en Francia una objeción relativa a la indumentaria religiosa: tres
estudiantes musulmanas iban al liceo cubiertas con el chador (el velo islámico que deben llevar las mujeres) y se
negaban a prescindir de esa prenda, que las autoridades consideraban un signo
externo de carácter proselitista prohibido por la ley en las escuelas públicas.
Llamado a intervenir, el Consejo de Estado ha tratado de establecer los
principios generales del equilibrio entre la laicidad de la enseñanza pública
(que se deduce de la laicidad del Estado) y la libertad de expresión de las
propias creencias; afirmando de una parte que el uso de prendas que manifiestan
la pertenencia a una religión no son de por sí incompatibles con la laicidad;
pero sí lo serían si su uso constituye un acto de presión, provocación,
proselitismo o propaganda que atente a la libertad o dignidad de otros miembros
de la escuela o ponga en peligro su salud o seguridad o disturbe el normal
funcionamiento del servicio escolar. Por tanto las autoridades de cada centro
pueden reglamentar el uso de tales signos exteriores de carácter religioso[59]; y el Ministerio de Educación ha advertido que la
indumentaria de los estudiantes no debe interferir el desarrollo de las clases
de educación física o de prácticas de laboratorio.
También en
Estados Unidos se han planteado casos de objeción de conciencia en relación con
la indumentaria de carácter religioso, esta vez de los profesores, en las
escuelas estatales. En general los conflictos se han resuelto en el sentido de
mantener la prohibición de que los profesores vistan alguna prenda o emblema de
significado religioso aunque sus creencias se lo exijan. Se entiende que el
interés de la neutralidad del Estado no puede ceder en ningún caso ante esas
manifestaciones de tipo religioso en ámbito escolar[60].
Llama la atención
que estos conflictos tan variados, en los que aparece prevalente la neutralidad
estatal sobre la libertad de conciencia, se den con cierta frecuencia en el
campo de la enseñanza. Cabe preguntarse si realmente esa neutralidad sirve a la
libertad efectiva de todos, o si no se habrá convertido en un instrumento de
neutralización de sus manifestaciones, en pro de un uniformismo pretendidamente
aséptico. Se da por sentado que es posible una educación neutra, que transmita
objetivamente conocimientos teóricos y prácticos (aún de sexualidad), a
condición, eso sí, de que se evite escrupulosamente cualquier alusión de tipo
religioso; y se presume asimismo que nadie como el Estado puede garantizar una
tal educación. Ambas cosas, en realidad, muy discutibles.
Tratando, en fin,
de resumir cuanto hemos visto sobre la objeción de conciencia, se puede decir
que presenta, en una serie indefinida de supuestos concretos, un problema de
límites y de equilibrio entre libertad y ley, cuyos parámetros de validez
general aún están por definir. En este esfuerzo los autores y los jueces, al
indicar la solución de los casos concretos, tratan de establecer los criterios
y recursos, tanto de principio como de orden práctico, que puedan servir para
una generalidad de casos.
En este contexto
quizá valga la pena recordar que, como cualquier problema jurídico, la objeción
de conciencia requiere ante todo realismo. En los planteamientos, distinguiendo
la objeción por motivos éticos de otros conflictos semejantes pero que tienen
motivaciones de otro tipo (políticas, ideológicas, etc.), y para circunscribir
lo que aparece claramente como un conflicto irreductible dentro de sus precisos
límites; y en la búsqueda de soluciones que permitan eludir o atenuar en lo
posible el choque entre conciencia y norma civil coactiva, evitando la
exasperación individualista de la conciencia o que se le contrapongan como
límites a su libertad dogmas o mitos oficiales, cuya concreta aplicación en la
materia quizá esté por demostrar.
* En «Scripta Theologica» XXVII (1995),
p. 519-543.
[1] Cf. p.e. S. Cotta, Coscienza e obiezione di coscienza (di fronte
all’antropologia filosofica), en «Iustitia» XLV (1992), p. 110.
[2] Una valoración de estas premisas en G. Lo Castro, Legge e coscienza,
en «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», (1989/2), p. 19 s. Cf. G. Dalla Torre, Il primato della coscienza,
Roma 1992, p. 99-103.
[3] Cf. R. Navarro-Valls, Las objeciones de conciencia, en AA.
VV., «Derecho Eclesiástico del Estado español», 3ª ed., Pamplona 1993, p. 478.
[4] Desde este punto de vista D’Agostino
considera verdadero objetor sólo a quien objeta por deber (L’obiezione di
coscienza nella prospettiva di una società democratica avvanzata, en «Il
Diritto Ecclesiastico», (1992) P. I, p. 66). Cf. V. Possenti, Sull’obiezione di coscienza, en «Vita e
Pensiero», (1992), p. 666; S. Cotta,
Coscienza e Obiezione..., cit., p. 114-117; Commissione ecclesiale
Giustizia e Pace (Conferenza Episcopale Italiana), Nota pastoral Educare
alla legalità, n. 14, en «Notiziario della C.E.I.», nº 8 (30.V.1991), p.
207-208.
[5] Cf. F. Onida, Contributo a un inquadramento giuridico del
fenomeno delle obiezioni di coscienza, en «Il Diritto Ecclesiastico»,
(1982) P. I, p. 222-225.
[6] Cf. R. Navarro-Valls, Las objeciones de conciencia, cit.,
p. 486; J. Martínez-Torrón, La
objeción de conciencia en el derecho internacional, en «Quaderni di diritto
e politica ecclesiastica» (1989/2), p. 150-151.
[7] J.
Martínez-Torrón, La objeción de conciencia en el derecho
internacional, en «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica» (1989/2),
p. 150.
[8] Cf. F. D’Agostino, Obiezione di coscienza e verità del diritto
tra moderno e postmoderno, en «Quaderni di diritto e politica
ecclesiastica», (1989/2), p. 3.
[9] “Con independencia de que [la
objeción de conciencia] esté o no basada en postulados de índole religiosa, su
principal característica es que se trata de una actitud de abstención ante un
deber jurídico, impulsada por imperativos morales que tienen para el sujeto el
rango de suprema instancia normativa” (J.
Martínez-Torrón, La objeción de conciencia en el derecho
internacional, en «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica» (1989/2),
p. 150).
[10] En este sentido no me parece
correcta la afirmación de quien dice, por ejemplo, rechazar el aborto sólo por
razones científicas. La ciencia demuestra que en el embrión, desde la
concepción, hay una vida humana distinta de la madre; pero es el juicio moral
sobre la supresión de esa vida el que lleva al rechazo. Sucede que en este caso
es evidente que la ley moral responde a una verdad demostrable científicamente,
por lo que no es necesario apelar a un código religioso para objetar el aborto;
pero esto sucede con toda la moral natural, aunque en otros casos la verdad de
razón de sus preceptos no sea tan evidente. Sobre el problema de la eticidad de
la objeción de conciencia, vid. R.
Bertolino, L’obiezione di coscienza moderna, Torino 1994, p.
10-13 y 18-21.
[11] Pero ya se ve que esta
posibilidad de choque indirecto entre una obligación civil y la conciencia debe
ser circunscrita dentro de ciertos límites, pues teóricamente cualquier acción
u omisión realizada en obsequio de la ley puede ser utilizada por otros para
fines inmorales: nadie me puede garantizar que mis impuestos no irán a sostener
algún objetivo contrario a mi conciencia, o que el acero a cuya producción
contribuye un pacifista no acabará formando parte de un carro armado. Prieto
Sanchís no admite la objeción de conciencia indirecta por considerar que debe
tratarse de una resistencia a una conducta personal impuesta por la ley (La
objeción de conciencia como forma de desobediencia al derecho, en «Il
Diritto Ecclesiastico», (1984) P. I, p.15-16).
[12] V.
Possenti, Sull’obiezione di coscienza, en «Vita e
Pensiero», (1992), p. 666.
[13] Vid. L. Prieto SanchÍs, La objeción de conciencia como...,
cit., p. 7-18.
[14] Nos referimos a la que en el
magisterio católico se llama también ‘libertad de las conciencias’, una
libertad de orden civil no moral: cf. Enc. Veritatis splendor, nn.
31-34.
[15] Cf. P. J. Viladrich - J. Ferrer Ortiz, Los principios
informadores del Derecho Eclesiástico español, en AA.VV., «Derecho
Eclesiástico del Estado español», 3ª ed., Pamplona 1993, p. 187-190; J. Hervada, Libertad de conciencia y
error sobre la moralidad de una terapéutica, en «Persona y Derecho», 11
(1984), p. 30-46; Id., Los
eclesiasticistas ante un espectador, Pamplona 1993, p.183-224.
[16] Cf. J. Hervada, Bases críticas para la construcción de la
ciencia del Derecho Eclesiástico, en «Anuario de Derecho Eclesiástico del
Estado», III (1987), p. 32.
[17] En este sentido, G. Dalla Torre, Il primato..., cit.,
p. 134-135.
[18] El más reciente: Pontificio Consiglio della Pastorale per gli
operatori sanitari, Carta degli operatori sanitari, Città del
Vaticano 1994, p.104-109, donde se citan documentos anteriores.
[19] Pero se excluye con carácter
general cualquier discriminación basada en las convicciones, y se reconocen a
veces inmunidades específicas, como la de no ser obligado a manifestar las
propias convicciones y las de no ser forzado ni impedido a pertenecer o
sostener una confesión, o participar en sus ritos. En los Estados Unidos, desde
la decisión del caso Reynolds (1879), que prohibió la poligamia a los mormones,
quedó sentada la distinción entre libertad de creer (freedom to belive),
que es absoluta, y libertad de actuar (freedom to act), que puede ser
limitada si choca con un interés prevalente.
[20] Por ejemplo, la constitución
danesa (1953) advierte que nadie por motivos religiosos o de origen podrá
evitar de cumplir “los normales deberes cívicos” (art. 70); la de Finlandia
(1919, 1928) señala que pertenecer o no a una confesión, no influirá sobre los
derechos y deberes ciudadanos (art. 9); de modo semejante dispone la de
Islandia (1944, art. 64); según la de Grecia (1975) nadie será exonerado de
cumplir sus deberes ni podrá rehusar obediencia a las leyes, a causa de sus
convicciones religiosas (art. 13. 5); y la constitución Suiza (1874) afirma que
las opiniones religiosas no eximen del cumplimiento de los deberes ciudadanos
(art. 49. 5).
[21] Vid. entre otras las
constituciones de Alemania (Ley Fundamental de 1949, art. 4 y art. 136 de la
Constitución de Weimar); España (1978, art. 30. 2) y Portugal
(1975, art. 41, nn. 2 y 5).
[22] “Quanto al lato positivo -dice
Possenti-, l’esercizio fondato di critica e resistenza morali è un bene e può
condurre ad un incremento di civiltà, e non andrebbe quindi immediatamente
valutato come un pericolo per la convivenza sociale, quanto piuttosto come
un’importante risorsa capace di mantenere movimento e novità in essa. D’altro
canto non può essere accolta l’idea di una applicazione illimitata
dell’obiezione di coscienza, pena la frantumazione dell’ordinamento giuridico e
l’attacco al principio dell’obbligatorietà della legge” (Sull’obiezione di
coscienza, cit., p. 665).
[23] Cf. J. de Lucas - E. Vidal - M. J. Añón, La objeción de
conciencia, según el Tribunal Constitucional: Algunas dudas razonables, en
«Revista General de Derecho», 81 (1988), p. 81- 93. Bertolino estima que se
puede hablar de un derecho de objeción de conciencia: L’obiezione di
coscienza..., cit., passim.
[24] Este es el caso, por ejemplo, de
la objeción de conciencia al aborto reconocida en Italia solamente al personal
sanitario. Los jueces de menores se ven en el caso de tener que autorizar la
decisión de abortar de una menor, supliendo la autorización paterna prevista
por la ley. Los recursos que han interpuesto invocando motivos de conciencia,
han sido rechazados por el Tribunal Constitucional con la argumentación de que
la participación que se pide al juez no interesa su conciencia, porque no es
“un acto decisorio sino meramente atributivo de la facultad de decidir” a una
menor, “es decir, únicamente de integración de la voluntad de la menor”
(Sentencia n. 186 de 21.V.1987, en «Gazzeta Ufficiale della Repubblica
Italiana», 1ª Serie speciale (17.VI.1987), p. 26-29; vid. Ibid.
Ordinanza n. 445 de 12.XI.1987: loc. cit. (16.XII.1987), p. 19-20.
[25] Son la que se llaman objeciones
de conciencia secundum legem, algunas de ellas antiguas e incluso
previstas en los acuerdos entre el Estado y las confesiones, como las que
protegen el secreto de los ministros de culto o prevén su exención de
determinados cargos incompatibles con su ministerio.
[26] El Tribunal Constitucional
español ha afirmado en su Sentencia de 11.IV.1985 que “la objeción de
conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad
ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1 de la Constitución”; si bien
esta posición no se mantiene en otras decisiones del mismo tribunal. Cf.
para Italia, G. Dalla Torre, Il
primato..., cit., p. 105-127.
[27] R.
Navarro-Valls, Las objeciones de conciencia, en AA. VV., «Derecho
Eclesiástico del Estado español», 3ª ed., Pamplona 1993, p. 486.
[28] F.
Onida, Contributo a un inquadramento..., cit., p. 225; J. Martínez-Torrón, La objeción de
conciencia en el derecho internacional, en «Quaderni di diritto e politica
ecclesiastica» (1989/2), p. 150.
[29] Cf. V. Possenti, Sull’obiezione di coscienza, cit., p.
666.
[30] F.
Onida, Uguaglianza e libertà religiosa nel separatismo
statunitense, Milano 1970, p. 160-161.
[31] Sobre la diferencia de oposición,
absoluta o relativa, entre conciencia y prescripción civil, Martínez-Torrón
sugiere soluciones prácticas muy interesantes (La objeción de conciencia en
la jurisprudencia del Tribunal Supremo norteamericano, en «Anuario de
Derecho Eclesiástico del Estado», 1 (1985), p. 456-458).
[32] Prieto Sanchís propone dos
condiciones generales de admisibilidad de la objeción de conciencia: que el
derecho exija un comportamiento personal y activo del objetor; y que la
negativa de éste no ponga en peligro la vida o la libertad ajenas (La
objeción de conciencia como forma..., cit., p. 22). Cf. G. Dalla Torre, Il primato...,
cit., p. 137-138.
[33] Entre quienes se niegan a jurar
se cuentan no solo agnósticos, sino también quienes como los cuáqueros y
menonitas interpretan que el Señor prohibió todo juramento cuando dijo “Pero yo
os digo: no juréis ni por el Cielo...” (Mt 5, 33-37). Distinto es el caso de quien
se niega no ya a jurar, sino a jurar algo, por no querer
comprometerse a lo que considera contrario a sus convicciones. Es el caso de
quienes solicitan la nacionalidad norteamericana, para lo cual deben
declararse, bajo juramento, dispuestos a defender incluso con las armas las
instituciones constitucionales. Algunos solicitantes se han negado a jurar por
ser contrarios a la guerra. Las controversias han recibido diferentes
soluciones; pero hoy se admite que la lealtad al Estado puede demostrarse por muchos
medios y que quien rehusa llevar armas puede obtener la nacionalidad (cf. R. Palomino, Las objeciones de
conciencia, Madrid 1994, p. 402-403 y 116-119).
[34] R.
Navarro-Valls, Las objeciones de conciencia, en AA. VV., «Derecho
Eclesiástico del Estado español», 3ª ed., Pamplona 1993, p. 481-482; V. Possenti, Sull’obiezione...,
cit., p. 670.
[35] Pontificio
Consiglio della Pastorale per gli operatori sanitari, Carta
degli operatori sanitari, Città del Vaticano 1994, p. 107, n. 143.
[36] Vid. supra nota 24. También en
Polonia el Presidente Walesa ha interpuesto su veto a una nueva ley de aborto.
[37] El documento citado en la nota 35
considera ilegítima “cualquier acción quirúrgica o farmacéutica dirigida a
interrumpir la gestación en cualquier estadio de la misma” (n. 140); por tanto
es también directamente abortivo “el uso de fármacos o medios que impiden la
implantación del embrión fecundado o que prvocan su desprendimiento precoz” (n.
142).
[38] Sobre estas bases en Holanda se
ha concedido a los testigos de Jehová la posibilidad de dilacionar
ilimitadamente su entrada en armas, lo cual equivale de hecho a la exención
(cf. B. P. Vermeulen, Finalità
e limiti delle obiezioni di coscienza nel diritto olandese ed europeo, en
«Quaderni di diritto e politica ecclesiastica» (1993/1), p. 49-51).
[39] En realidad aquí juega también la
constatación de que la “mili” no cumple ya el papel homogeneizante de la
población que tuvo, y de que a un ejército moderno le interesa más la
profesionalidad que no albergar en sus filas descontentos y conflictos. Al
menos en tiempos de paz: este es el problema; porque la objeción militar no ha
pasado todavía la prueba decisiva de la guerra; hoy por hoy funciona como
criterio de adscripción a dos servicios diferentes (armado o no armado); cf. F. D’Agostino, Obiezione di
coscienza e verità..., cit., p. 7-8.
[40] Cf. F. D’Agostino, Obiezione di coscienza e verità del diritto
tra moderno e postmoderno, en «Quaderni di diritto e politica
ecclesiastica», (1989/2), p. 3-5.
[41] Cf. B. P. Vermeulen, Finalità e limiti..., cit., p. 49.
[42] R.
Navarro-Valls, Las objeciones de conciencia, en AA. VV., «Derecho
Eclesiástico del Estado español», 3ª ed., Pamplona 1993, p. 489; J. Martínez-Torrón, La objeción de
conciencia en la jurisprudencia..., cit., p. 451.
[43] G.
Dalla Torre, Il primato..., cit. p. 105.
[44] El art. 16.1 de la Constitución
española, consagra la libertad ideológica, religiosa y de culto “sin más
limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del
orden público protegido por la ley”; en la Ley orgánica de libertad religiosa,
se explica que ese límite comprende “la protección del derecho de los demás al
ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la
salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos
constitutivos del orden público protegido por la Ley en el ámbito de una
sociedad democrática” (art. 3.1). Cf. art. 29 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos; art. 9.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; etc.
[45] J.
Martínez-Torrón, La objeción de conciencia en la jurisprudencia...,
cit., p. 451. Casos de objeción de conciencia a la escolaridad obligatoria han
encontrado acogida por esta vía; los tribunales han entendido que la libertad
religiosa no debía ceder al interés público de la escolarización, cuyos fines
se pueden conseguir por otros medios (cf. Ibid., p. 444-446).
[46] Ibid., p. 457.
[47] Cf. la Recomendación del Comité
de Ministros del Consejo de Europa de abril de 1987 [R (87) 8] sobre el
servicio civil alternativo.
[48] Sobre este punto Vermeulen
propone que el servicio civil dure el doble del militar, precisamente como
medio disuasivo de falsos objetores, lo que parece una excesiva penalización
para los sinceros (Finalità e limiti..., cit., p. 48-49).
[49] Cf. R. Palomino, Las objeciones de conciencia, Madrid
1994, p. 123-152.
[50] Decisión del 15.XII.1983, en
«Decisions and Reports of the European Commission of Human Rights», vol. 37, p.
142.
[51] R.
Navarro-Valls - R. Palomino, Las objeciones de conciencia, en
«Tratado de Derecho Eclesiástico del Estado», Pamplona 1994, p. 1153; J. Martínez-Torrón, La objeción de
conciencia en el derecho..., cit., p. 176-178.
[52] Quienes rechazan estas
contribuciones (como son los adventistas) consideran que con ellas se sostienen
huelgas y violencias sociales contrarias a la caridad.
[53] Es el caso Williams v.
Southern Union Gas Company, descrito por R.
Palomino, Las objeciones de conciencia, Madrid 1994, p. 177-178.
[54] Cf. Ibid. p. 181-183. El
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha resuelto un caso semejante
(el caso Prais): El Consejo de las Comunidades Europeas convocó un concurso
para plazas de jurista/lingüista de habla inglesa. Una concursante judía
practicante (V. Prais), al serle comunicada la fecha de la prueba escrita,
objetó que ese día coincidía con el inicio de la Pentecostés hebrea
(Chavouoth), durante la cual no podía viajar ni realizar determinadas
actividades, así que pidió poder realizar la prueba en otro día. El Consejo le
denegó la petición alegando que la prueba debía ser igual y simultánea para
todos y que era tarde para retrasarla pues los concursantes estaban ya
avisados. En su sentencia, la Corte, aún estimando que la igualdad religiosa
exige que en los concursos se tengan en cuenta las dificultades de los
candidatos, falló a favor del Consejo dando por buenos sus argumentos sobre la
simultaneidad de las pruebas y sobre la intempestividad con que la reclamante
comunicó su objeción (Corte di Giustizia
delle Comunità Europee, «Raccolta della giurisprudenza della Corte»,
(1976), p. 1589-1600).
[55] El caso es narrado en R. Palomino, Las objeciones de
conciencia, Madrid 1994, p. 215-216.
[56] Vid. el análisis del caso American
Friends Service Commitee vs. United States, en R. Palomino, Las objeciones de conciencia, Madrid
1994, p. 138 s.
[57] Ibid., p. 285-294. En los
casos relatados los pacientes se habían negado a autorizar positivamente la
transfusión, pero manifestaron de algún modo que una autorización del juez no
tocaba su conciencia. En cambio no fue autorizada la transfusión en el caso
Osborne, quien declaró que se consideraría culpable (y por eso privado de la
vida eterna) aunque la Corte autorizara la transfusión contra su voluntad (Ibid.,
p. 294-296).
[58] Cour
Eur. D. H., affaire Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen,
arrêt du 7 décembre 1976, série A nº 23, nn. 53-56. Un juez, en su voto particular
parcialmente contrario a la decisión, estima que es en el marco de la escuela
pública donde se debe asegurar a los padres una educación de los hijos conforme
a sus convicciones religiosas, y que las explicaciones demasiado prematuras
sobre las prácticas sexuales pueden muy bien afectar a la formación moral de los
niños y por tanto los padres tienen derecho a oponerse (loc. cit. Opinion
séparée du M. le Juge Verdross).
[59] Consejo de Estado francés, Avis Nº
346.893 del 27.XI.1989, en «Conseil D’Etat. Etudes &
Documents, 41 (1989), p. 239-242; vid. vers. italiana en «Quaderni di
diritto e politica ecclesiastica», (1990/1), p. 510-515.
[60] Vid. los casos descritos por R. Palomino, Las objeciones de
conciencia, Madrid 1994, p. 227-231.