PODS PUBS LAICIDAD

CRITERIOS PARA LA ORGANIZACI�N Y LA ACTUACI�N EN MATERIA RELIGIOSA DE LOS PODERES P�BLICOS EN EL ESTADO MEXICANO

M. D. Mar�a Teresa Vizca�no L�pez[1]

RESUMEN: La legitimidad del tratamiento espec�fico de lo religioso no dispone discriminaci�n a las posiciones no religiosas; de ah� que la operatividad jur�dica del Estado mexicano y de las diversas iglesias y asociaciones religiosas est� marcada teleol�gicamente por los principios de libertad religiosa y de igualdad, y coordinada por la acci�n de los principios de laicidad, pluralismo y tolerancia. Por ello, es determinante apreciar los criterios que el Estado mexicano emplea para organizar y actuar en materia religiosa.

SUMARIO: 1. Incompetencia en lo religioso. 2. Valoraci�n positiva de lo religioso. 3. Reconocimiento de la libertad religiosa como derecho fundamental. 4. Control estatal del car�cter religioso de los entes colectivos.

1. Incompetencia en lo religioso

Una consecuencia del principio de libertad religiosa es que el Estado mexicano no se concibe a s� mismo como un sujeto creyente; por lo tanto, el poder p�blico no ha de proteger a ninguna confesi�n, no podr� dirimir las querellas religiosas, no podr� interponer en materias de conciencia su autoridad; pero interes�ndose por la cultura p�blica, por el bienestar y progreso moral del Estado, �(�) debe favorecer indirectamente el desarrollo de las creencias m�s en armon�a con la civilizaci�n, oponi�ndose, como es natural, en la medida de sus facultades, al proselitismo de las sectas que practiquen o aconsejen cr�menes y delitos.�[2]

La propia incompetencia del Estado ante los actos de fe y su incapacidad para definir lo religioso, exige expl�citamente la actuaci�n del Estado ante el factor religioso, �(�) no en cuanto religioso, sino en cuanto social� [3], ya que �En materia religiosa, -como expresa Garc�mart�n Montero- pues, no es aplicable el principio de subsidiariedad; no se da la dicotom�a p�blico-privado que se aplica a otros sectores de la vida pol�tica y social. El Estado aparece en su acepci�n de Estado polic�a, pero nunca como prestador de servicios.�[4]

La pr�ctica o el ejercicio del ministerio no es una funci�n del Estado, sino debe considerarse un trabajo l�cito que puedan realizar los ciudadanos; por ello, se aplica a los ministros de culto la garant�a individual de libertad de trabajo consagrada en el art�culo 5� constitucional; as�, los nacionales como los extranjeros podr�n ejercer el ministerio en M�xico. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto P�blico (LARCP) se�ala que �se consideran ministros de culto a todas aquellas personas mayores de edad a quienes las asociaciones religiosas a que pertenezcan confieran ese car�cter� (art. 12); trat�ndose de ministros religiosos extranjeros, �stos tienen que cumplir los requisitos en materia migratoria (arts. 42, fracci�n IV, de la Ley General de Poblaci�n y 13 �LARCP)[5].

Los ministros de culto est�n sujetos a un estatuto de excepci�n en su calidad de ciudadanos, por cuanto se les priva del voto pasivo y de la posibilidad de desempe�ar cargos p�blicos superiores, a menos que se separen definitivamente de su ministerio cuando menos cinco a�os �en el primero de los casos�, y tres en el segundo, antes de la elecci�n de que se trate o de la aceptaci�n del cargo respectivo (arts. 130, inciso d, CPEUM y 14 �LARCP). Por lo tanto, se consideran incompatibilidades entre el ejercicio del ministerio del culto con el desempe�o de cargos p�blicos, la participaci�n en la pol�tica partidista o proselitismo, heredar por testamento de personas que hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado y poseer o administrar medios de comunicaci�n masiva no impresos (arts. 55 y 58 CPEUM y, 14, 15 y 16 LARCP). Otra restricci�n a los ministros de culto afecta �las libertades de expresi�n, de escribir y publicar escritos (arts. 6� y 7� constitucionales), ya que los ministros tienen prohibido �en reuni�n p�blica, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de car�cter religioso, oponerse a las leyes del pa�s o a sus instituciones�. (arts. 130, inciso c, CPEUM y, 29, fracci�n X, LARCP). Se proh�be a los ministros de los cultos �agraviar de cualquier forma los s�mbolos patrios� (art. 130, inciso c, CPEUM), �o de cualquier modo inducir a su rechazo� (art. 29, fracci�n II, LARCP); estas prohibiciones son absolutas y tienen por objeto garantizar el Estado de Derecho.

2. Valoraci�n positiva de lo religioso

El Estado mexicano responde a una serie de valores propios y plenamente seculares con la pretensi�n de garantizar y promocionar la libertad que puede ser objeto de tutela p�blica. �As�, -asevera Souto- la garant�a del ejercicio p�blico del culto, el reconocimiento de la personalidad y autonom�a de la Iglesia, de sus potestades y r�gimen, as� como la regulaci�n de las llamadas materias mixtas (�) son el n�cleo b�sico de la regulaci�n (�)� en materia religiosa [6].

Medina Mora asevera que �En M�xico, despu�s de la persecuci�n religiosa de los a�os veinte, de la guerra cristera, de los arreglos de paz, y finalmente de la reforma del art�culo 130 constitucional, para volver al r�gimen de separaci�n de la Iglesia y el Estado, se plantea el problema del alcance de la libertad religiosa individual y colectiva. Hay un nuevo campo y una nueva perspectiva en el trabajo de las Iglesias en su misi�n pastoral y de ella y el Estado en la regulaci�n de sus relaciones, con libertad para sus perspectivas en toda la humanidad.�[7] Por tanto, a partir de las reformas constitucionales y legales de 1992, el Estado mexicano ha valorado positivamente el factor religioso.

Desde ese momento, se reconoce la previa existencia de las iglesias y las agrupaciones religiosas, antes de obtener del Estado la personalidad jur�dica y el registro constitutivo (art. 130, inciso a, constitucional); por ello, no est�n prohibidas las agrupaciones que no hayan solicitado u obtenido del Estado el registro constitutivo. Por tanto, habr� dos clases de agrupaciones religiosas l�citas: con registro y sin registro[8] (art. 2691 del C�digo Civil Federal �CCF-); empero, toda agrupaci�n religiosa, que por sus fines o medios, sea contraria al orden p�blico o a las buenas costumbres (arts. 1830, 1910 y 2692 CCF) podr� ser prohibida y disuelta por el Estado. Las asociaciones religiosas l�citas; s�lo tendr�n dos limitaciones[9]:

a) En cuanto a sus actividades, se les proh�be que puedan actuar en pol�tica (art. 130, p�rrafo segundo, CPEUM)

b) En cuanto a sus bienes, se les proh�be tener o manejar m�s bienes que los exclusivamente necesarios para cumplir con sus finalidades (art. 16 LARCP); de lo contrario, el Estado puede obligar a dicha agrupaci�n a enajenar tales bienes (art. 27, fracci�n II, CPEUM).

En otros t�rminos, la Constituci�n prev� la posibilidad de que se les atribuya personalidad jur�dica a las iglesias y las agrupaciones religiosas, a condici�n de que: a) soliciten constituirse en asociaci�n religiosa (art. 8� Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto P�blico �RLARCP-) y b) obtengan su registro[10]. La ley reglamentaria y el reglamento de �sta determinan las condiciones y los requisitos que deber�n cumplir los entes solicitantes ante la autoridad ejecutora (Secretar�a de Gobernaci�n)[11]. Debe se�alarse que las asociaciones religiosas, a su vez, pueden tener entidades y divisiones internas, cada una de las cuales puede gozar de personalidad jur�dica. As�, por ejemplo, la Iglesia cat�lica ser�a una asociaci�n religiosa, �y cada una de sus entidades territoriales� di�cesis, parroquias, etc�tera� y de sus organizaciones internas �Compa��a de Jes�s, Orden de Predicadores, Opus Dei, Carmelitas Descalzas y dem�s� operar�an con su propia personalidad jur�dica; de hecho as� quedaron constituidos en la Direcci�n General de Asuntos Religiosos de la Secretar�a de Gobernaci�n. Como se public� en el Diario Oficial, el 7 de diciembre de 1992, la Iglesia Cat�lica Apost�lica Romana en M�xico, la Arquidi�cesis Primada de M�xico y la Conferencia del Episcopado Mexicano, solicitaron cada una por separado su registro constitutivo como asociaci�n religiosa, el cual, posteriormente, les fue otorgado a cada una de ellas. Al mes de junio de 2005, existen registradas en la Secretar�a de Gobernaci�n 6,373 asociaciones religiosas; de las cuales 12 pertenecen a cultos orientales, 9 a cultos jud�os, 2962 a cultos cristianos cat�licos apost�licos romanos, 21 a cultos cristianos ortodoxos, 77 a cultos protestantes, 3283 a cultos evang�licos, 3 a cultos cristianos b�blicos no evang�licos, 2 a cultos isl�micos y 4 a nuevas expresiones[12].

Los requisitos que deben acreditar las iglesias y las agrupaciones religiosas para obtener su registro constitutivo como asociaci�n religiosa, son los siguientes: que se haya ocupado preponderantemente de la observancia, pr�ctica, propagaci�n o instrucci�n de una doctrina religiosa por un m�nimo de cinco a�os y cuente con �notorio arraigo� entre la poblaci�n, tenga estatutos y aporte bienes suficientes para cumplir con su objeto (art. 7 LARCP).

Las asociaciones religiosas tienen, entre otros, los siguientes derechos (art. 9 LARCP):

1. Identificarse mediante una denominaci�n exclusiva;

2. Organizarse libremente en sus estructuras internas y adoptar los estatutos o normas que rijan su sistema de autoridad y funcionamiento, incluyendo la formaci�n y designaci�n de sus ministros;

3. Realizar actos de culto p�blico religioso y propagar su doctrina; celebrar todo tipo de actos jur�dicos para el cumplimiento de su objeto;

4. Participar por s� o asociados con personas f�sicas o morales en la constituci�n, administraci�n, sostenimiento y funcionamiento de instituciones de asistencia privada, planteles educativos e instituciones de salud;

5. Usar en forma exclusiva, para fines religiosos, bienes propiedad de la naci�n.

Entre otras, el desarrollo legislativo establece las siguientes obligaciones a cargo de las asociaciones religiosas:

1. Sujetarse siempre a la Constituci�n y a las leyes que de ella emanan, respetar las instituciones del pa�s, y abstenerse de perseguir fines de lucro o preponderantemente econ�micos (art. 8 LARCP);

2. Notificar a la Secretar�a de Gobernaci�n el nombre de sus ministros de culto (art. 12 LARCP);

3. Comunicar a la Secretar�a de Gobernaci�n dentro los treinta d�as siguientes al de su fecha la separaci�n de dichos ministros de culto (art. 14, fracci�n III, LARCP);

4. Solicitar de la Secretar�a de Gobernaci�n la declaratoria de procedencia, en los siguientes casos (art. 17 LARCP):

�a) cuando se trate de adquirir cualquier bien inmueble;

�b) en cualquier caso de sucesi�n, para que pueda ser heredera o legataria;

c) cuando pretenda tener el car�cter de fideicomisaria, salvo que la propia asociaci�n sea la �nica fideicomitente;

d) cuando se trate de bienes ra�ces respecto de los cuales sean propietaria o fideicomisaria, instituciones en las que tenga intervenci�n;

e) registrar ante la Secretar�a de Gobernaci�n todos sus bienes inmuebles;

f) nombrar y registrar ante la Secretar�a de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a los representantes responsables de los templos y de los bienes que sean monumentos arqueol�gicos, art�sticos o hist�ricos, propiedad de la naci�n, y a preservar en su integridad dichos bienes (art. 20 LARCP);

g) dar aviso previo a las autoridades competentes, por lo menos con quince d�as de anticipaci�n, cuando pretendan celebrar actos religiosos de culto p�blico con car�cter extraordinario fuera de los templos (art. 22 LARCP);

h) avisar a la Secretar�a de Gobernaci�n cuando pretenda abrir un templo o local destinado al culto p�blico (art. 24 LARCP);

�i) acreditar ante las autoridades competentes a sus representantes.

Por lo que respecta a la autonom�a de las asociaciones religiosas, o sea, el derecho que tienen de autodeterminarse por medio de la creaci�n de su propio orden jur�dico interno que las rige, de designar a sus autoridades, y de poseer un patrimonio afecto a sus fines, est� consagrado en el art�culo 130, inciso b, constitucional, y como consecuencia en el art�culo 6�, segundo p�rrafo de la LARCP.

3. Reconocimiento de la libertad religiosa como derecho fundamental

La libertad religiosa, como un derecho fundamental, se proyecta como una opci�n constitucional que reclama de los poderes p�blicos una actitud positiva y de los particulares una posici�n negativa; tambi�n, exige el reconocimiento y la incorporaci�n de tratados internacionales en materia religiosa al sistema jur�dico interno[13]. El Estado mexicano ha adoptado diversos instrumentos internacionales que preconizan� los derechos fundamentales de la persona; adem�s, empezado un proceso de armonizaci�n de la legislaci�n federal para garantizar el ejercicio de �stos, toda vez que la Constituci�n, las leyes que emanen de ella, as� como, los Tratados internacionales suscritos por M�xico con otros Estados y ratificados por el Senado, constituyen la Ley Suprema (art. 133 CPEUM).

T�ngase presente que la pr�ctica de un culto religioso es relevante para el perfeccionamiento y desarrollo integral de la persona; por ello, el Estado mexicano reconoce que el ser humano tiene derecho a profesar la creencia religiosa que sea de su agrado. Seg�n Mart�nez Vera, �Aqu� el poder p�blico realiza una doble funci�n: en primer lugar, permite que la persona profese la creencia religiosa de su preferencia; en segundo lugar, le ofrece todas las garant�as necesarias para hacer patente esta libertad, y que evitan que otros le impidan al individuo el ejercicio de su creencia religiosa.� El art�culo 24 de la CPEUM �(�) admite que todas las personas poseen libertad para pensar y orientar su raz�n hacia la creencia de su agrado (� adem�s) se refiere a la acci�n de externar su creencia religiosa (�)� y de garantizar que �(�) no se puede expedir ninguna ley que establezca o proh�ba alguna religi�n�. No obstante, el ejercicio de este derecho fundamental de libertad religiosa cuenta con dos limitaciones[14]:

a) Delitos y faltas penados por la ley y,

b) Actos religiosos en la v�a p�blica o en el exterior (arts. 21 y ss LARCP).

La existencia de estas limitaciones al derecho fundamental de libertad religiosa se orienta a la protecci�n del orden p�blico y de derechos de terceros. La protecci�n jur�dica de los bienes y valores superiores se realiza por v�as procesales constitucionales y ordinarias; dentro de estas �ltimas encontramos la protecci�n penal. Trat�ndose de la libertad religiosa, el Estado mexicano al suscribir la Convenci�n sobre extradici�n, declar� �(�) que la legislaci�n interna de M�xico no reconoce los delitos contra la religi�n�[15]; de esta suerte, en el C�digo Penal Federal no se tipifican delitos contra la religi�n[16]. Sin embargo, el factor religioso podr�a conectarse con diversos tipos penales, ya sea por la comisi�n de delitos por motivos religiosos o por la intervenci�n de eclesi�sticos en la producci�n de hechos il�citos. A continuaci�n, se enlistan los principales tipos penales que podr�an vincularse con una afectaci�n a bienes y valores superiores con implicaciones religiosas:

a) Delitos contra el estado civil y bigamia (arts. 277-279).

b) Delitos de falsedad: falsificaci�n de documentos en general (arts. 243-246), falsificaci�n en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad (arts. 247-248 bis) y variaci�n del nombre o del domicilio (art. 249).

c) Revelaci�n de secretos (arts. 210-211 bis) y responsabilidad profesional (arts. 228-230).

d) Delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual: hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y violaci�n (arts. 259 bis-266 bis), �incesto (art. 272) y adulterio (arts. 273-276).

e) Delitos contra la salud: la producci�n, tenencia, trafico, proselitismo y otros actos en materia de narc�ticos (arts. 193-199) y el peligro de contagio (art. 199 bis).

f) Delitos contra la vida y la integridad corporal: lesiones (arts. 288-301), �homicidio (arts. 302-309), �infanticidio (arts. 325-328), �aborto (arts. 329-334) y abandono de personas (arts. 335-343).

g) Delitos contra el honor: golpes y otras violencias f�sicas simples (arts. 344-347), �injurias y difamaci�n (arts. 348-355) y, calumnia (arts. 356-359).

h) Delitos contra la paz y seguridad de las personas: amenazas (arts. 282-284) y allanamiento de morada (arts. 285-287).

i) Delitos contra la moral p�blica y las buenas costumbres: ultrajes a la moral p�blica (art. 200), corrupci�n de menores e incapaces (arts. 201-205) y, �provocaci�n de un delito y apolog�a de �ste o de alg�n vicio (art. 209).

�j) Delitos en materia de inhumaciones y exhumaciones: violaci�n de las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones (arts. 280-281).

k) Delitos contra de las personas en su patrimonio: robo (arts. 367-381 bis), abuso de confianza (arts. 382-385), fraude (arts. 386-389 bis), extorsi�n (art. 390), despojo de cosas inmuebles o de aguas (arts. 395-396) y da�o en propiedad ajena (arts. 397-399 bis).

4. Control estatal del car�cter religioso de los entes colectivos

Seg�n Miguel de la Madrid, el legado de la Revoluci�n mexicana en materia religiosa es �La supeditaci�n de las iglesias a la autoridad civil es en el orden temporal, no en el espiritual, suya esfera es del exclusivo resorte del individuo.�[17] Por tanto, el Estado mexicano, con la intenci�n de reducir el riesgo del fraude legal, concede personalidad jur�dica s�lo a las entidades que garantizan la seguridad jur�dica en la materia religiosa[18].

Corresponde al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretar�a de Gobernaci�n, la aplicaci�n del marco regulador del factor religioso; las autoridades estatales y municipales, as� como las del Distrito Federal, son auxiliares de la Federaci�n para la ejecuci�n de determinados acuerdos (art. 25 LARCP). La Secretar�a de Gobernaci�n, como autoridad ejecutora, tiene las siguientes facultades:

1. Otorgar o negar la personalidad jur�dica de las asociaciones religiosas, mediante la expedici�n o no del registro constitutivo (art. 6 LARCP);

2. Determinar si los bienes que pretenda adquirir una asociaci�n religiosa son �indispensables� o no para el objeto de dicha asociaci�n y otorgar o negar la autorizaci�n para su compra (art. 17 LARCP);

3. Organizar y mantener actualizados los registros de asociaciones religiosas y de bienes inmuebles que por cualquier tipo aqu�llas posean o administren (arts. 26 LARCP y 23 RLARCP);

4. �Verificar que los ministros de culto sean mexicanos, o extranjeros con legal estancia en el pa�s (arts. 13 LARCP Y 13 RLARCP);

5. Intervenir (facultad impl�cita) en los juicios sucesorios en los que aparezcan como herederos las asociaciones religiosas o los ministros de los cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y c�nyuges (art. 15 LARCP);

6. Imponer sanciones por violaci�n de la ley, tales como: apercibimientos, multas, clausura de templos, suspensi�n de derechos y cancelaci�n de registro de las asociaciones religiosas (arts. 30-32 LARCP);

7. Resolver el recurso de revisi�n que los afectados interpongan en contra de acuerdos de la propia Secretar�a de Gobernaci�n o de otras autoridades (arts. 33 LARCP y 50 RLARCP);

8. Convertirse en �rbitro para resolver los conflictos que se susciten entre asociaciones religiosas (arts. 28 LARCP y 45-49 RLARCP);

9. Otorgar o negar el permiso para celebraci�n de actos p�blicos fuera de los templos (arts. 21 LARCP y 27 RLARCP);

10. Conceder o negar la autorizaci�n para transmitir actos de culto religioso a trav�s de medios de informaci�n no impresos (arts. 21 LARCP y 30-31 RLARCP);

11. Atribuir el car�cter de ministro de culto, para efectos de la ley, a determinadas personas que ejerzan funciones de direcci�n, representaci�n u organizaci�n en las asociaciones religiosas, cuando �stas no lo notifiquen a la Secretar�a (arts. 12 LARCP y 17 RLARCP);

12. Recibir la notificaci�n y certificar la separaci�n o renuncia de los ministros de culto para el efecto de que puedan ser votados para puestos de elecci�n popular o desempe�ar cargos p�blicos superiores (arts. 14 LARCP y 17 RLARCP);

13. Conceder a las asociaciones religiosas el uso de los bienes inmuebles propiedad de la Naci�n (art. 9, fracci�n VI, LARCP y 21 RLARCP);

14. Vigilar que las autoridades federales, estatales y municipales no asistan con car�cter oficial a actos religiosos de culto p�blico, ni a actividad que tenga motivos o prop�sitos similares (arts. 25, tercer p�rrafo, LARCP y 28 RLARCP).

[1] Candidata al grado de Doctorado en Interpretaci�n de los Derechos y Libertades constitucionalmente reconocidos, por la Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo, Espa�a), miembro del Consejo Editorial de la Revista IUS-UNLA y profesora de asignatura �B� en el nivel licenciatura de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicol�s de Hidalgo.

[2] M. CORONADO, Elementos de Derecho Constitucional mexicano (1899). Obra compilada y editada (Col. Cl�sicos del Derecho/Comp. Enrique Figueroa Alfonso). Editorial Pedag�gica Iberoamericana (EPISA), M�xico, 1997, p�g. 160.

[3] J. A. SOUTO, �Mecanismos de colaboraci�n entre el Estado y las confesiones religiosas minoritarias. Actas del VII Congreso Internacional de Derecho Eclesi�stico del Estado. Barcelona, 1994. (Coord. de V�ctor Reina y Mar�a �ngeles F�lix Ballesta). Madrid, Marcial Pons-Ediciones Jur�dicas y Sociales, 1996, p�g. 309.

[4] C. GARCIMART�N MONTERO, �La laicidad en las Cortes constituyentes de 1978�. Ius canonicum. Revista del Instituto Mart�n de Azpilcueta de la Facultad de Derecho can�nico de la Universidad de Navarra. Universidad de Navarra, Pamplona, vol. XXXVI, n� 72, julio-diciembre 1996, p�g. 561.

[5] Vid. D. BARRERA V�ZQUEZ, �La condici�n jur�dica de los extranjeros en materia religiosa�. Asuntos religiosos. Bolet�n Informativo de la Subsecretaria de Asuntos Religiosos. (Dir. MD Marco Antonio Morales). M�xico, a�o 1, n� 8, mayo-junio 1999, p�g. 8.

[6] J. A. SOUTO, �Mecanismos de colaboraci�n entre el Estado y las confesiones religiosas minoritarias. Actas del VII Congreso Internacional de Derecho Eclesi�stico del Estado. Barcelona, 1994, citado, p�g. 315.

[7] R. MEDINA MORA, �El tiempo de mi generaci�n. Discurso pronunciado en el Premio Nacional de Jurisprudencia 1997� (en l�nea). En: Barra Mexicana. Colegio de Abogados Homepage, (citado 17 septiembre 2003). Disponible en internet: <http://www.bma.org.mx/historia/premio/ii.html>

[8] Tesis �Relaci�n de trabajo. Puede generarse en el seno de una Iglesia, aun cuando carezca del registro constitutivo correspondiente (art. 10 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto P�blico). Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Parte: XIII-Enero. �poca: Octava, p�g. 301.

[9] Vid. R. S�NCHEZ MEDAL, La nueva legislaci�n sobre libertad religiosa. Textos, antecedentes, comentarios, 2� ed. aumentada. Porr�a, M�xico, 1997, p�gs. 9-12.

[10] Tesis: XX.8 A. �Iglesias y agrupaciones religiosas. Capacidad jur�dica, para ser titulares de derechos y obligaciones, de las�. Instancia: Tribunal Colegiado del Vig�simo de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Parte: II, Julio de 1995, p�g. 239.

[11] Vid. R. GONZ�LEZ SCHMAL, �Situaci�n Actual del derecho Eclesi�stico del Estado Mexicano�. Foro Internacional sobre Libertad Religiosa. Memoria, Secretaria de Gobernaci�n, M�xico, s/f, p�gs. 206-207.

[12] Vid. �Cat�logo administrativo de Asociaciones Religiosas en M�xico. Actualizado al 14 de junio de 2005� (en l�nea). En: Secretar�a de Gobernaci�n Homepage, (citado 18 mayo 2006). Disponible en internet: <http://www.gobernacion.gob.mx/archjun/graficasar_jun_05.pdf>

[13] Vid. J. A. SOUTO, �Mecanismos de colaboraci�n entre el Estado y las confesiones religiosas minoritarias. Actas del VII Congreso Internacional de Derecho Eclesi�stico del Estado. Barcelona, 1994, citado, p�g. 311.

[14] Vid. R. MART�NEZ VERA, Fundamentos de Derecho P�blico. M�xico, Mc Graw-Hill, 1994, p�gs. 152-153.

[15] �Convenci�n sobre extradici�n�. OEA. Montevideo, Uruguay, adoptada el 26 de diciembre de 1933. Suscrita por M�xico: 26 de diciembre de 1933. Vinculaci�n de M�xico: 27 de enero de 1936 (Ratificaci�n).� Aprobaci�n del Senado: 27 de diciembre de 1934, seg�n decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 31 de diciembre de 1934. Entrada en vigor: 26 de enero de 1935 (en l�nea). En: Comisi�n Nacional de Derechos Humanos. M�xico Homepage, (citado 17 septiembre 2003). Disponible en internet: <http://www.cndh.org.mx/Principal/document/juridica/tratint/INSTRUMENTOS/DOCUMENTOS/doc110.htm>

[16] La protecci�n penal a la libertad religiosa s�lo se encuentra en la esfera local; por ejemplo: el art�culo 281 Bis del C�digo Penal para el Distrito Federal estima il�cita la conducta de quien �por raz�n de (�) religi�n (�) I. Provoque o incite al odio o a la violencia; II. En ejercicio de sus actividades profesionales, mercantiles o empresariales, niegue a una persona un servicio o una prestaci�n a la que tenga derecho; Para los efectos de esta fracci�n, se considera que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al p�blico en general; III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas cuando dichas conductas tengan por resultado un da�o material o moral; o IV. Niegue o restrinja derechos laborales.�

[17] M. de la MADRID HURTADO, Estudios de Derecho constitucional (Documentos). Comit� Ejecutivo Nacional del PRI, M�xico, 1980, p�g. 104.

[18] Vid. J. MART�NEZ-TORR�N, Religi�n, Derecho y Sociedad. Antiguos y nuevos planteamientos en el Derecho eclesi�stico del Estado. (Col. Religi�n, Derecho y Sociedad, n� 1). Comares, 1999, Granada, p�gs. 195-204.