Jurisprudencia Constitucional
Número de referencia:
19/1985
(
SENTENCIA
)
Referencia número:
19/1985
Tipo:
SENTENCIA
Fecha de Aprobación: 13/2/1985
Publicación BOE:
19850305 [«BOE» núm. 55]
Sala:
Sala Segunda: Excmos. Sres. Arozamena, Rubio, Díez-Picazo, Tomás, Truyol y
Pera.
Ponente:
don Jerónimo Arozamena Sierra
Número registro:
98/1984
Recurso tipo:
Recurso de amparo.
TEXTO DE LA RESOLUCIÓN
Extracto:
1. Aunque es evidente que el respeto a los derechos fundamentales y
libertades públicas garantizados por la Constitución es un componente esencial
del orden público, y que, en consecuencia, han de tenerse por nulas las
estipulaciones contradichas incompatibles con este respeto, no se sigue de ahí,
de modo alguno, que la invocación de estos derechos o libertades puede ser
utilizada por una de las partes contratantes para imponer a la otra las
modificaciones de la redacción contractual que considere oportunas.
2. El derecho fundamental recogido en el art. 16 de la C.E. comprende, junto a
las modalidades de la libertad de conciencia y la de pensamiento, íntimas y
también exteriorizadas, una libertad de acción respecto de las cuales el art. 16.
2 establece un acotamiento negativo en cuanto dispone que «nadie podrá ser
obligado a declarar sobre su conciencia, religión o creencias».
3. Cuando una empresa no dispensa a un trabajador del régimen laboral
establecido respecto a la jornada de trabajo, para posibilitarle el cumplimiento
de sus deberes religiosos, podrá existir una incompatibilidad entre los deberes
religiosos, en cuanto imponga la inactividad laboral, y la ejecución del trabajo
o el cumplimiento de obligaciones laborales, pero no una coercibilidad contraria
al principio de neutralidad que debe presidir, en la materia, la conducta del
empresario.
4. Partiendo del régimen de jornada establecida con carácter general para una
empresa, el otorgamiento de un descanso semanal distinto supondría una
excepcionalidad que, aunque pudiera estimarse como razonable, comportaría la
legitimidad del otorgamiento de esta dispensa del régimen general, pero no la
imperatividad de su imposición al empresario.
5. Que el descanso semanal corresponde en España, como en los pueblos de
civilización cristiana, al domingo obedece a que tal día es el que por mandato
religioso y por tradición se ha acogido en estos pueblos; esto no puede llevar a
la creencia de que se trata del mantenimiento de una institución con origen
causal único religioso, pues es evidente, de la legislación, que el descanso
semanal es una institución secular y laboral, que si comprende el domingo como
regla general de descanso semanal es porque este día de la semana es el
consagrado por tradición.
Preámbulo:
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Jerónimo
Arozamena Sierra, Presidente, y don Francisco Rubio Llorente, don Luis
Díez-Picazo y Ponce de León, don Francisco Tomás y Valiente, don Antonio Truyol
Serra y don Francisco Pera Verdaguer, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo promovido por doña Margarita Vila Costas, representada
por el Procurador don Juan Luis Pérez-Mulet y Suárez, y dirigida por el Abogado
don Manuel Jiménez de Parga, contra la Sentencia del Tribunal Central de Trabajo
de fecha 2 de diciembre de 1983, recaída en recurso de suplicación, dimanante de
proceso por despido laboral, seguido entre la señora Vila Costas y la empresa
«lndustrial Dik, Sociedad Anónima», habiendo comparecido en el amparo esta
empresa representada por el Procurador don Antonio Rafael Rodríguez Muñoz y
dirigida por el Abogado don Manuel Veloso Rodríguez, y el Ministerio Fiscal,
habiendo sido Ponente el Presidente de la Sala, don Jerónimo Arozamena Sierra,
quien expresa el parecer de la misma.
Antecedentes:
I. Antecedentes
1. El Procurador don Juan Luis Pérez-Mulet y Suárez, en nombre de doña
Margarita Vila Costas, interpuso el 14 de febrero de 1984 recurso de amparo
contra la Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 2 de diciembre de 1983,
que estimó el recurso de suplicación deducido contra la Sentencia de la
Magistratura de Trabajo núm. 2 de Vigo de 14 de marzo de 1983, recaída en
proceso sobre despido. Los hechos en que se fundamenta la demanda son los
siguientes:
A) La señora Vila Costas, que prestaba servicios como estampadora especializada
en la empresa «lndustrial Dik, Sociedad Anónima», recibió el 9 de diciembre de
1982 carta de despido por abandono de puesto de trabajo y ausencias
injustificadas. Promovido proceso por despido, fue fallado por el Magistrado de
Trabajo de Vigo número 2, que declaró la nulidad radical de despido, por
entender que era discriminatorio, contra lo dispuesto en el art. 14 de la
Constitución (en lo sucesivo C.E.) y 4.2 c) del Estatuto de los Trabajadores (en
lo sucesivo ET), despedir a un miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
por negarse a trabajar desde la puesta del sol del viernes.
B) «lndustrial Dik, Sociedad Anónima», interpuso recurso de suplicación que el
Tribunal Central de Trabajo resolvió estimando el recurso, y con revocación de
la Sentencia suplicada declaro procedente el despido.
C) Entre otros, se consignan como hechos probados que trabajaba la señora Vila
Costas, para la empresa, desde el 20 de septiembre de 1971 y que en fecha 4 de
septiembre de 1982 fue bautizada según el rito de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día, convirtiéndose desde esta fecha en miembro practicante de la misma;
que por imponerle sus creencias religiosas la inactividad laboral desde la
puesta del sol del viernes a la del sábado, la actora se ve imposibilitada
durante tales días de cumplir adecuadamente con su precepto adventista, por lo
que pidió el cambio de turno o una ausencia con pérdida de salario con
compensación en otras horas, que la empresa no admitió, por lo que abandonó su
puesto y fue despedida.
2. El recurso de amparo se fundamenta por la actora en el motivo siguiente:
Violación de la libertad religiosa, derecho fundamental garantizado por el art.
16 de la C.E.; violación que tiene su origen directo e inmediato en la Sentencia
del Tribunal Central de Trabajo.
Para sostener este motivo hizo las siguientes alegaciones:
A) El artículo 16.1 garantiza la libertad religiosa. No precisa este precepto
el contenido esencial de la libertad religiosa, pero la doctrina, de forma
unánime, considera que esta libertad abarca: La posibilidad de adherirse o no a
una confesión religiosa, el cambio de adscripción, la manifestación pública y
privada de las propias convicciones, la práctica del culto, la difusión,
enseñanza, asociación y prácticas litúrgicas concretas.
B) Invoca la Ley orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa (art. 2.
1), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 18), el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 18), Convenio para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (art. 9).
C) Añade que dadas estas normas del ordenamiento interno y los preceptos de la
Ley orgánica 7/1980, la Sentencia del Tribunal Central de Trabajo infringe la
libertad religiosa de doña Margarita Vila Costas, que tiene derecho a practicar
los actos de culto y conmemorar las festividades en la forma establecida por la
Iglesia Adventista del Séptimo Día, que impone a sus fieles la prohibición de
actividad laboral desde la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del
sábado de cada semana; la recurrente se limitó a ejercer su derecho individual
de libertad religiosa y por eso se ausentó del lugar de su trabajo, después de
haber intentado llegar a un acuerdo con la empresa.
D) El art. 3.1 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa nos señala los límites
de la libertad: a) protección del derecho de los demás. No aplicable al presente
caso, pues ni los restantes trabajadores, ni la empresa misma, resultaban
afectados por un cambio de horario, que, según se recoge en los «hechos
probados» de la Sentencia había sido establecido para otros operarios: b)
salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, como
elementos constitutivos del orden público protegido por la Ley en el ámbito de
una sociedad democrática. Doña Margarita Vila Costas, en el ejercicio de los
derechos dimanantes de la libertad religiosa y de culto no atentó ni contra la
seguridad, ni contra la salud, ni contra la moralidad pública.
E) Añade que la Sentencia del Tribunal Central invoca el concepto de la mayoría
social para limitar el ejercicio de la libertad religiosa y dice que sobre la
improcedencia del concepto «mayoría social» para limitar el ejercicio de la
libertad religiosa, invoca las Sentencias de este Tribunal de 26 de enero de
1981, 13 de mayo y 12 de noviembre de 1982, interpretando el postulado del
artículo 16.3 de la C.E.: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal.» Con esa
«mayoría social» que utiliza el TCT se llega a una situación en la que la
confesión más extendida en una sociedad se convierte en confesión estatal.
F) Se apoya la Sentencia del Tribunal Central de Trabajo en el artículo 6 del
Convenio 106 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo al descanso
dominical y hace una transcripción errónea de la norma, pues el apartado 3 del
art. 6 del Convenio de la OIT dice: «El período de descanso semanal coincidirá
siempre que sea posible, con el día de la semana consagrado al descanso por la
tradición o las costumbres del país o de la región», y la Sentencia del Tribunal
Central de Trabajo ha sustituido ««la región»» por ««la religión»» y sobre esta
base errónea se construye su razonamiento. No se recoge en la Sentencia del TCT
el precepto contenido en el apartado 4 del mismo art. 6 del citado Convenio 106
de la OIT: «Las tradiciones y costumbres de las minorías religiosas serán
respetadas, siempre que sea posible.» Si para el Tribunal Central de Trabajo el
núm. 3 del art. 6 es un «mandato constitucional», a pesar del condicionante
«siempre que sea posible», tendría el TCT haber estimado que el núm. 4 del mismo
artículo es otro mandato constitucional, que obliga a respetar a las tradiciones
y costumbres de las minorías religiosas.
3 El recurso de amparo fue admitido por providencia de 21 de marzo de 1984 y
una vez cumplido lo que dispone el art. 51 de la LOTC y no admitido como
coadyuvante de la actora a la Unión de Iglesias Cristianas Adventistas del
Séptimo Día de España, se pasó al trámite de alegaciones escritas de la actora,
de la empresa comparecida como parte y del Ministerio Fiscal:
A) La actora, después de ratificar la demanda, citó la Sentencia de este
Tribunal 22/1984, de 17 de febrero, que contiene una doctrina desarrollada en
estudios recientes de los que hace una amplia cita, a lo que añade que es
interesante la reciente enmienda introducida por el Congreso de los Estados
Unidos en las normas sobre cumplimiento de obligaciones religiosas por los
empleados de las empresas, y se refiere también a otras consideraciones hechas
por la Unión de Iglesias que pretendió comparecer como coadyuvante y que no fue
admitida.
B) El Ministerio Fiscal se opuso al otorgamiento del amparo por las siguientes
razones:
a) El despido se ha declarado únicamente por incumplimiento de obligaciones
contractuales, esto es, por causas laborales, y no por pertenecer la actora a
una confesión religiosa determinada.
b) El derecho de libertad religiosa no es absoluto en sí mismo, teniendo, por
el contrario, sus límites: En el orden público; los demás derechos y libertades
fundamentales; el límite genérico del art. 10.1 de la Constitución, y, en el
presente caso viene dado por la aplicación de un mandato constitucional, cual es
el art. 35.2 de la Constitución, limitación que no supone vulneración del art.
16.1.
c) En el ámbito laboral los principios respecto al límite de la libertad
religiosa son los recogidos en el art. 6 del Convenio OIT 106, en el que se
establece que el descanso semanal coincidirá, siempre que sea posible, con el
día señalado por la tradición o las costumbres del país o de la región.
d) La interpretación realizada por el Tribunal Central de Trabajo del art. 37.1
del Estatuto de los Trabajadores en relación con el Convenio 106 es correcta y
constitucional.
C) El Procurador don Antonio Rafael Rodríguez Muñoz, en nombre de «Industrial
Dik, sociedad Anónima» se opuso al otorgamiento del amparo. haciendo las
siguientes alegaciones:
a) Al factum de la Sentencia impugnada nada tiene que objetar; por el contrario, lo acepta y dice que de él deriva necesariamente el despido, y consiguiente
extinción del contrato de trabajo por incumplimiento de las obligaciones
contractuales de la actora.
b) Se trata de un contrato, nacido de la libre voluntad de las partes, con
fuerza de ley entre las partes contratantes, que la actora ha incumplido. Nadie
discute, añade, la libertad religiosa de la actora, ni su problema individual de
conciencia; nadie la ha discriminado dándole un trato diferente por razón de su
conversión a la Iglesia Adventista; pues de lo que se trata es de un problema de
conciencia de la recurrente que pretende resolverlo acatando las reglas de su
religión, que no se conjugan con las normas del contrato, preexistente y con
validez no discutida, problema que no puede resolverlo imponiendo esas reglas a
la otra parte contratante. Precisamente, lo que garantiza la Constitución es que
nadie pueda imponer a los demás sus creencias religiosas, citando al respecto
los arts. 2.1 a) y 6.1 de la Ley orgánica 7/1980, de 5 de julio, el art. 10.1 de
la Constitución, y lo que dispone el art. 37.1 del Estatuto de los Trabajadores
en cuanto establece el descanso dominical, conforme con nuestra costumbre, salvo
que por disposición legal, convenio o contrato, se regule otro régimen de
descanso laboral para actividades concretas.
c) El art. 14 de la Constitución proscribe la discriminación. La empresa
mantiene ante la recurrente la misma actitud, antes y después de la conversión
de la misma a la Iglesia Adventista; resulta claro que lo pretendido es un trato
favorable en razón a su nueva creencia religiosa, en contra de la tesis de la
empresa de no discriminarla en absoluto. En realidad, lo que pretende la
recurrente es plantear la cuestión de si el descanso semanal es precepto de la
religión católica. Pero no es ésta la verdadera cuestión, porque si en España se
ha establecido el descanso dominical no es en acatamiento a ningún precepto
religioso, sino por respeto a una costumbre social.
d) En cuanto al Convenio OIT 106 es de destacar, en primer lugar, que solo es
aplicable al descanso semanal en el comercio y en las oficinas y la empresa aquí
se dedica a otra actividad; que lo fundamental de dicho Convenio es establecer
un descanso semanal, ininterrumpido, al menos, de veinticuatro horas, dictando
para ello varias reglas, la última de las cuales es la concesión simultánea a
todas las personas, siendo ello posible, e inmediatamente señala que coincidirá,
siendo posible, con el día de la semana consagrado al descanso por la tradición
o la costumbre del país o de la región. Añade que, aunque se quisiera olvidar
que la organización del trabajo es facultad de la dirección de la empresa, la
pretensión de la recurrente conduciría a una discriminación para los demás
productores de la empresa, ya que su descanso contaría desde la tarde del
viernes hasta el lunes siguiente, mientras que los demás compañeros de trabajo
sólo tendrían la parte del sábado y el domingo: alterándose, además, el régimen
de trabajo, pues el personal obrero ocupa, en cada turno, la maquinaria toda con
que se trabaja en el taller, por lo que, ni queda máquina libre que pudiera
trabajar ella fuera de la jornada, ni puede trabajar en la empresa fuera de
dicha jornada.
4. Por providencia del 28 de noviembre de 1984 se señaló para la deliberación y
fallo el día 23 de enero de 1985, quedando concluido el día 30.
Fundamentos:
II. Fundamentos jurídicos
1. Dice la demandante de amparo que la Sentencia del Tribunal Central de
Trabajo ha incurrido en violación de su derecho o libertad religiosa recogido en
el art. 16 de la Constitución, y que esta vulneración se habría producido por no
haber declarado nulo el despido de que, apreciando las causas a) y b) del
apartado 2. del art. 54 del Estatuto de los Trabajadores, se dispuso por la
empresa para la cual prestaba sus servicios. Reconoce la demandante que dejó de
asistir al trabajo, y que. En este aspecto no cumplió las prescripciones
obligatorias en orden a la jornada de trabajo, pero que esto lo hizo -después de
intentar sin éxito que la empresa consintiera en un cambio de régimen-, en razón
a sus creencias religiosas y pertenencia a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que le imponen la inactividad laboral desde la puesta del sol del viernes a la
del sábado. Busca en este motivo religioso una justificación de su conducta, y,
en realidad, que, junto a la reintegración en el trabajo con los efectos
inherentes al despido nulo, se reconozca su derecho al descanso semanal no en el
domingo, como viene establecido con carácter general, sino en los días que su
religión proscribe toda actividad laboral. El problema se centra así entre una
alegada incompatibilidad entre la práctica religiosa y el cumplimiento de las
obligaciones laborales, pues en la argumentación de la demandante se viene, en
definitiva, a sostener que pertenece al contenido esencial de la libertad
religiosa el que prevalezca ante los deberes laborales, y, por tanto, en la idea
del demandante que tenga que conciliarse la organización del trabajo en la
empresa -que considera factible sin trastorno grave- a la práctica religiosa.
Situada así en sus precisos términos la cuestión se hace fácil su respuesta,
pues, aunque es evidente que el respeto a los derechos fundamentales y
libertades públicas garantizados por la Constitución es un componente esencial
del orden público, y que, en consecuencia, han de tenerse por nulas las
estipulaciones contractuales incompatibles con este respeto, no se sigue de ahí,
en modo alguno, que la invocación de estos derechos o libertades puede ser
utilizada por una de las partes contratantes para imponer a la otra las
modificaciones de la relación contractual que considere oportunas. En el
contrato de trabajo que liga a la recurrente con la empresa en la que presta sus
servicios, no se ha denunciado la existencia de cláusula o estipulación alguna,
que, en sí misma o en la interpretación o aplicación que de ella se hace, pueda
resultar lesiva para los derechos fundamentales de la recurrente, y así lo que
ésta pretende no es la anulación total o parcial del contrato, sino que se le
dispense del cumplimiento de las obligaciones que libremente aceptó y que
considera ajustadas a derecho, de manera que no se extraiga de su incumplimiento
la necesaria consecuencia del despido. Se evidencia con ello que la idea que
subyace a toda la argumentación de la recurrente es la de que un cambio
puramente fáctico (el de sus ideas o creencias religiosas), en cuanto que es
manifestación de una libertad constitucionalmente garantizada, provoca la
modificación de los contratos por ella suscritos. cuyo cumplimiento sólo será
exigible, en la medida en que no sea incompatible con las obligaciones que su
nueva confesión religiosa le impone, llevando así (sin duda, con la mayor buena
fe y movida seguramente de profunda religiosidad) el principio de la sujeción de
todos a la Constitución (art. 9.1) a extremos inaceptables por contrarios a
principios que, como el de seguridad jurídica, son también objeto de garantía
constitucional (art. 9.3).
Aunque bastarían estas consideraciones para llevarnos a una conclusión que
niega la pretensión de la recurrente, conviene examinar ésta también,
prescindiendo de lo dicho, desde su propio punto de vista.
2. Empecemos por decir que el derecho fundamental recogido en el art. 16 de la
Constitución comprende, junto a las modalidades de la libertad de conciencia y
la de pensamiento, íntimas y también exteriorizadas, una libertad de acción
respecto de las cuales el art. 16.2 establece un acotamiento negativo en cuanto
dispone que «nadie podrá ser obligado a declarar sobre su conciencia, religión o
creencias». No se trata, en el caso de que conocemos. de que se haya negado a la
demandante esa libertad íntima, por lo demás incoercible, y tampoco que se haya
negado la exteriorización de esas creencias o convicciones religiosas o que se
haya cuestionado el acotamiento negativo que hemos dicho. De lo que se trata es
que la Empresa no la ha dispensado del régimen laboral que, respecto a la
jornada de trabajo, tiene establecido, de modo que, bien entendido, no la ha
posibilitado el cumplimiento de sus deberes religiosos, que es algo
sustancialmente bien distinto de una actuación coercitiva impeditiva de la
práctica religiosa. Podrá existir -no hay inconveniente en reconocerlo- una
incompatibilidad entre los deberes religiosos, en cuanto impongan la inactividad
laboral y la ejecución del trabajo o el cumplimiento de obligaciones laborales,
pero no una coercibilidad contraria al principio de neutralidad que debe
presidir, en la materia, la conducta del empresario. En este punto de la
argumentación, el tema conduce a la relación del art. 16, en cuanto reconoce,
con otras, la libertad religiosa, con otros preceptos constitucionales, cual es
art. 14, en cuanto proscribe todo trato discriminatorio por razón de las
condiciones o circunstancias que establece en fórmula abierta. Y es que el art.
14, al proclamar la igualdad ante la Ley de todas las personas y prohibir
cualquier discriminación por razón de «religión»», está mostrando un núcleo de
conexiones de los arts. 16 y 14. Vamos a estudiar el recurso desde esta conexión
para indagar si en la conducta empresarial que la jurisdicción laboral ha
ratificado declarando el incumplimiento de obligaciones del trabajador, y, por
tanto, que el despido fue procedente, se detecta violación del art. 16 en
conexión con el art. 14.
3. El descanso mínimo semanal de día y medio ininterrumpido que dice el art. 37.
1 del Estatuto de los Trabajadores se organiza en la empresa de que se trata con
arreglo a la regla general, según la cual, se comprende el «domingo»» en ese
descanso, regla que pertenece al ámbito de lo dispositivo, pues cabe que por
convenio colectivo o contrato de trabajo se pacte una regulación distinta. Es
este precepto, juntamente con el art. 17.1, también del Estatuto, y que declara
nulos y sin efectos, entre otros, los pactos individuales y las decisiones
unilaterales del empresario que contengan discriminaciones favorables o adversas
en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornadas y demás condiciones
del trabajo. por circunstancias de sexo, origen, estado civil, raza, condición
social, ideas religiosas, etc., el que podría llevar a la idea de cuando se
defiende un trato distinto en materia de jornada, por pertenecer a una
determinada creencia religiosa, no se trata de asegurar un trato igualitario,
sino cabalmente, todo lo contrario, cual dispensarle de la jornada normal, en
cuanto al descanso semanal, por razón de su creencia religiosa. Partiendo del
régimen de jornada establecida con carácter general para la empresa, el
otorgamiento de un descanso semanal distinto supondría una excepcionalidad, que,
aunque pudiera estimarse como razonable, comportaría la legitimidad del
otorgamiento de esta dispensa del régimen general, pero no la imperatividad de
su imposición al empresario. El problema tiene, sin embargo, otra variante, cual
es si el descanso semanal, instituido, por lo general, en un período que
comprende el domingo, tiene o no una conceptuación religiosa que pueda hacer
cuestionable que la Ley establezca un régimen favorable para unos creyentes y
desfavorable para otros. partiendo de que la libertad religiosa comporta. en
aplicación del principio de igualdad. el tratamiento paritario de las distintas
confesiones.
4. El análisis del factor religioso en la legislación laboral requiere
referirse, aunque de modo sucinto, a la evolución de la legislación al respecto,
arrancando de la Ley de 3 de abril de 1904, y a partir de ella, las posteriores
hasta llegar al Estatuto de los Trabajadores, coincidentes en establecer una
interrupción periódica, que comprende el «domingo». Que el descanso semanal
corresponda en España, como en los pueblos decivilización cristiana, al domingo,
obedece a que tal día es el que por mandato religioso y por tradición se ha
acogido en estos pueblos; esto no puede llevar a la creencia de que se trata del
mantenimiento de una institución con origen causal único religioso, pues, aunque
la cuestión se haya debatido y se haya destacado el origen o la motivación
religiosa del descanso semanal, recayente en un período que comprenda el domingo, es inequívoco en el Estatuto de los Trabajadores, y en la precedente (Ley de
Relaciones Laborales) y las más anteriores, con la excepción de la Ley de
Descanso Dominical de 1940, que el descanso semanal es una institución secular y
laboral, que si comprende el «domingo»» como regla general de descanso semanal
es porque este día de la semana es el consagrado por la tradición. Este es el
sentido del descanso semanal en la Ley de 1904, y en el Real Decreto-ley de 8 de
junio de 1925 que sustituye a esta Ley y adapta la legislación española al
Convenio 14 de la OIT, y estos principios de laicidad de la institución no
resultan alterados por la Ley de Jornada Máxima Legal de 1931, y vuelven a
inspirar la legislación de 1976 (la Ley de Relaciones Laborales), superada la
etapa confesional que supuso la Ley de Descanso Dominical de 13 de julio de 1940, de la que se ha dicho autorizadamente que, «aparte su acusado espíritu social,
tiene también un cierto espíritu religioso, muy diferente al que informó las
Leyes de 1904 y 1925». Esta secularización -no podía ser de otro modo, dada la
aconfesionalidad que proclama el art. 16 de la Constitución- se mantiene en el
art. 37.1 del Estatuto de los Trabajadores, que dispone que «los trabajadores
tendrán derecho a un descanso mínimo semanal de día y medio ininterrumpido que,
como regla general comprenderá a la tarde del sábado o, en su caso, la mañana
del lunes y el día completo del domingo», a lo que seguidamente añade la
posibilidad de modificar esta regla general -dispositiva, en este sentido- por
convenio colectivo, contrato de trabajo (también por disposición legal o
autorización de la autoridad competente), con lo que está remitiendo a la
voluntad concordada de las partes la fijación del día de descanso. Puesto que la
voluntad de las partes no se limita en la Ley, ni en cuanto al contenido del
acuerdo ni en cuanto a su causa justificadora, el Estatuto otorga carácter
dispositivo a la determinación del día del descanso. que es, por tanto,
indiferente para el legislador. La tesis de la demandante conduce a configurar
el descanso semanal como institución marcadamente religiosa -que no es, como
hemos visto, en la legislación-, o desde la perspectiva de la disponibilidad que
hemos dicho, a dejarlo a la voluntad de una de las partes, lo que obviamente, no
es posible, por muy respetables que sean -y lo son- sus convicciones religiosas.
5. Se ha invocado en la demanda el Convenio núm. 106 de la OIT (art. 6.3),
convenio relativo al descanso semanal en el comercio y en las oficinas, aunque
más pertinente -dado el sector al que pertenece la empresa- aparece la cita del
Convenio núm. 14 de la OIT (art. 2. 3), que es el relativo a la aplicación del
descanso semanal en las empresas industriales. De todos modos, uno y otro
responden a la misma idea, y, en lo sustancial, a redacciones equivalentes.
Dispone el art. 2.3 del Convenio número 14 que «el descanso coincidirá, siempre
que sea posible, con los días consagrados por la tradición o la costumbre del
país o de la región». Fue este Convenio el que en parte determino el Real
Decreto-ley de 8 de junio de 1925, para adaptar la legislación española al
indicado Convenio, aprobado por la Tercera Conferencia de la OIT. La preferencia
del Estatuto de los Trabajadores (y anteriormente la legislación a la que nos
hemos referido en el fundamento precedente)por el «domingo», lo es por ser éste
el día tradicional y generalizado del descanso. La fijación del «domingo» es,
desde esta perspectiva, el desarrollo laboral e interno del art. 2.3 del
Convenio número 14 del art. 6.3 del Convenio núm. 106. Correspondiendo a nuestra
tradición el descanso en domingo, es éste el día señalado preferentemente. La
finalidad de una preferencia general es, por lo demás, patente, pues mediante la
coincidencia del descanso laboral, y los que vacan las oficinas públicas, los
centros escolares, etc., se facilita mejor el cumplimiento de los objetivos del
descanso.
Fallo:
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE
LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,
Ha decidido:
Denegar el amparo solicitado por doña Margarita Vila Costas.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a trece de febrero de mil novecientos ochenta y cinco.